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La atención a las familias que buscan a personas desaparecidas en las distintas travesías hacia Canarias continúa siendo una tarea pendiente en las islas. Entre las pateras perdidas, los naufragios y los cuerpos que fallecen durante el viaje y que son arrojados al mar, las autoridades apenas pueden recuperar un pequeño porcentaje del total de víctimas. Según Cruz Roja, la tasa de mortalidad en estas embarcaciones se eleva a alrededor del 8%. Una cifra que si se aplica a las casi 20.000 personas registradas en lo que va de año superarían las 1.500 víctimas.
La necesidad de dar una respuesta a este contexto ha llevado al Instituto de Medicina Legal, el Instituto Nacional de Toxicología -ambos dependientes del Ministerio de Justicia- y Cruz Roja Española a ratificar un convenio de colaboración al que Canarias se adhirió desde el pasado 2020 y que prevé facilitar el intercambio de información entre ambas instituciones para identificar los cadáveres de estas personas en el archipiélago.
La implicación de la organización humanitaria, que posee una extensa red de Servicios de Restablecimiento del Contacto Familiar en España y en otros 186 países del mundo, permite actuar más allá de las fronteras nacionales «con total transparencia y confidencialidad» y servir de contacto con las familias en los lugares de origen, afirman desde la Consejería de Justicia.
El procedimiento prevé que a la llegada de los cuerpos se abra una investigación en la que se recopila toda la documentación posible que pudiera ayudar a identificar a la persona: desde pasaportes, certificados y otros papeles que el finado pudiera llevar consigo hasta la realización de fotografías y pruebas de ADN. Aquí, el Ministerio de Justicia actúa como una entidad centralizadora de coordinación y es el encargado de facilitar a Cruz Roja la información necesaria en caso de que esta la solicite para cotejarla con datos de familiares que están buscando a una persona.
La falta de agilidad en este ámbito no solo genera problemas de base para los allegados, sino también a niveles operativos, algo que han señalado diversos colectivos y forenses. El ejemplo más llamativo tuvo lugar en mayo de este año, cuando los 24 fallecidos de una patera localizada al suroeste de El Hierro colapsaron el Instituto de Medicina Legal de Tenerife durante dos semanas. A pesar de que la ley permite que los restos puedan ser inhumados antes de ser identificados -previa apertura de la investigación- a las familias se les atragantó la burocracia, las resoluciones de los juzgados llegaron con retraso y, a falta de más contactos, una quincena de ellos permanece aún hoy sin identidad.
Sin nadie que reclamara los cuerpos, la tarea quedaba en manos del Ayuntamiento de Arona, ya que para que un cuerpo pueda abandonar las instalaciones del Instituto de Medicina Legal ha de haber alguien que lo reclame ante la justicia. El consistorio, que se veía incapaz de asumir tal cantidad de entierros en su reducido cementerio, tuvo que pedir ayuda a los de Santa Cruz de Tenerife y La Candelaria.
En este sentido, la Consejería asegura que la policía científica está haciendo un «importante trabajo» de documentación y que el convenio supone mejorar el protocolo, lo que ha permitido que, por ejemplo, en la última patera localizada a finales del mes de noviembre en Gran Canaria con ocho fallecidos se les pudiera identificar a todos.
Sin embargo, estos datos protegidos por el Ministerio no siempre son suficientes ni fácilmente accesibles y provoca que muchas tumbas queden sin nombre. Prendas de ropa, testimonios de supervivientes del viaje o números de teléfono pueden ser aportes valiosos, por lo que el Comité Internacional de la Cruz Roja pretende ahora recogerlos en una nueva plataforma colaborativa. Este proyecto piloto, que apenas ha empezado a esbozarse, se suma al convenio con Justicia y espera ocuparse no solo de los cuerpos recuperados sino también de los desaparecidos. Para ello, necesitan armar las piezas de un gran puzzle en el que intervienen ONG, autoridades policiales, instituciones y organismos judiciales, lo que incrementa el trabajo de una tarea complicada per se, ya que la protección de datos y el derecho a la intimidad se mezclan con el interés humanitario.
La creación de una oficina de desaparecidos que dé respuesta a las familias continúa bloqueada en España. El propio Defensor del Pueblo dedicó un apartado específico en su informe 'La migración en Canarias', sumándose a la petición de diversos colectivos y tras recibir numerosas quejas por las dificultades a las que se enfrentaban los seres queridos de los inmigrantes para obtener información sobre el estado y paradero de los supervivientes, las actuaciones llevadas a cabo para su rescate e identificación o, simplemente, para denunciar la desaparición ante las autoridades.
Las críticas se centran en el «poco interés» que presta el Gobierno y la ausencia de «responsabilidad» de atender a las familias, quedando estas labores en manos de las organizaciones humanitarias, con escaso acceso a la información. La activista e impulsora de Caminando Fronteras, Helena Maleno, apuntaba en una entrevista a este periódico que en España no hay una cultura de reparación a las familias y, por tanto, no se valora como un derecho fundamental a defender. «Sin la certeza de saber qué ha sido de sus seres queridos, se les está negando el derecho al duelo, a la reparación y a la memoria», explica.
A esto se suma lo que Maleno califica como una «criminalización y persecución» tanto de las víctimas que nunca llegan a las costas como de las familias que van en su busca y que provoca que muchas decidan no denunciar. Una oficina de desaparecidos contribuiría a visibilizar e institucionalizar este proceso.
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