
Pablo Rodríguez
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Pablo Rodríguez
Canarias está en emergencia habitacional de forma oficial desde el pasado febrero, cuando el Ejecutivo que preside Fernando Clavijo decretó la ley de medidas urgentes en materia de vivienda. El consejero del área, Pablo Rodríguez (CC), asegura que hay un compromiso firme para solucionar un problema que en estos momentos afecta a miles de canarios y canarios. Para ello está impulsando medidas como la hipoteca joven, la recuperación de construcciones, la promoción e impulso de viviendas protegidas o los incentivos fiscales.
– ¿Cómo está el acceso a la vivienda en Canarias?
– Es uno de los principales problemas que afectan a los canarios y las canarias. Es verdad que no es un problema exclusivamente de Canarias, pero aquí tiene unas singularidades muy importantes que hacen que efectivamente se haya convertido en un problema ya no solo que afecta a una parte de la población, sino de manera transversal prácticamente a toda la población. Y por eso el Gobierno de Canarias ha planteado las políticas de vivienda como una prioridad desde el inicio de legislatura, con la declaración de la emergencia habitacional, pero también con una serie de medidas que hemos puesto en marcha de manera extraordinaria para dar respuesta a esta emergencia habitacional.
– ¿De qué singularidades habla?
– Hay un incremento de la demanda de personas que están buscando vivienda, tanto en régimen de alquiler como en régimen de compra-venta, pero principalmente en régimen de alquiler. Y la oferta se ha ido restringiendo a lo largo de los últimos años de manera exponencial. Eso ha provocado un colapso, un incremento de los precios y la imposibilidad de que mucha parte de la población pueda acceder a una vivienda. La causa de ese diagnóstico es lo que es mucho más complejo. Tiene muchas caras y muchas aristas.
Por eso nosotros desde el primer momento lo que planteamos es que las soluciones no pueden ir solo en un sentido, sino que tienen que ser múltiples. Y eso es prácticamente lo que hemos ido desarrollando desde el inicio de legislatura con el decreto ley de medidas urgentes y con otros instrumentos y herramientas. Es decir, dar una respuesta múltiple a un problema que tiene múltiples causas.
– ¿Y esas herramientas están funcionando a corto plazo?
– Bueno, hay herramientas que tienen un recorrido mayor y otras que tienen un recorrido más largo. En la construcción de vivienda pública, una asignatura pendiente en Canarias desde los últimos 15 años, hemos dado un empujón muy importante. Hoy se están construyendo en Canarias más de 1.000 viviendas públicas en todas las islas. Es un esfuerzo que se está haciendo desde el Instituto Canario de la Vivienda, también desde la empresa pública Visocan, para tratar de activar la construcción pública de vivienda y ampliar el parque público de vivienda. Además de eso, es necesario que el sector privado vuelva a dar respuesta a la emergencia habitacional a través de la construcción de vivienda protegida. Históricamente, tanto en Canarias como en España, el 80% de la vivienda protegida la ha construido el sector privado. Son las famosas VPO. Lo cierto es que en los últimos años eso no ha sido así y estamos buscando incentivos. Hemos planteado varios ya y seguimos planteando otros para que el sector privado vuelva a construir vivienda protegida.
También queremos ser capaces de movilizar aquellas viviendas que ya están construidas y que están vacías. Para eso también hemos planteado de cara al próximo año, pero con efectos en el año 2024, una serie de incentivos fiscales, principalmente para deducciones del IRPF, para tratar de seducir a aquellos que tienen la vivienda cerrada que la vuelvan a poner en el mercado de alquiler. Lo que al final estamos haciendo es multiplicando los instrumentos para dar respuesta a la emergencia habitacional, insisto, desde distintos ámbitos.
– Hay más de 200.000 viviendas vacías, cerradas, porque sus propietarios no confían en el mercado, supongo, frente a 25.000 demandantes oficiales de vivienda. ¿Estas nuevas medidas pueden animar a esos propietarios?
– Lo primero, habría que analizar la realidad de esas 211.000 viviendas vacías que dice el Instituto Nacional de Estadística que existen en Canarias, porque a lo mejor nos vamos a llevar la sorpresa o la evidencia de que gran parte de esas viviendas no son habitables, que esa es otra circunstancia; o no están en condiciones de ponerse en el mercado de alquiler por otra circunstancia jurídica, de herencia, o de diversas índoles. Ese análisis lo hemos encargado desde el Gobierno de Canarias, para profundizar en la realidad de las viviendas vacías en el archipiélago. Si no conocemos la realidad, es difícil poder actuar con una sola medida de manera genérica sobre esas 211.000 viviendas.
Hay muchas de ellas que son viviendas inacabadas, viviendas que provienen de la crisis del 2008, que estaban prácticamente finalizadas, pero quebró la contrata, la constructora o la promotora, y se quedaron en manos o de fondos, o de la Sareb, o de otro propietario. Sobre esas viviendas ya estamos actuando a través de un concurso que sacamos este año de Visocan, inicialmente de 9 millones de euros, pero ampliable a una cantidad similar, para poder adquirir esos tipos de activos y convertirlos de manera muy rápida en vivienda pública, y por tanto en alquiler asequible o alquiler social. Esa compra de activos la vamos a seguir haciendo el año próximo año 2025 con la idea de que todas esas viviendas que estaban inacabadas podamos adquirirlas. Pero la gran mayoría de las viviendas vacías son de pequeños propietarios, que las tienen cerradas por diversas circunstancias. Una de ellas, la inseguridad que genera la Ley de Arrendamientos Urbanos y la modificación de la misma.
– ¿Qué hacer entonces?
– Desde el Gobierno de Canarias no tenemos competencia para modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos, pero sí tenemos la posibilidad de incentivar que vuelva a ser atractivo ponerlas en el mercado alquiler. Y eso son las deducciones al IRPF. Hemos presentado varias, unas que tienen que ver con la adecuación de la vivienda, otras que tienen que ver con aquella vivienda vacía que la colocas por fin en el mercado de alquiler, y otras que tienen que ver con la mejora de las propias deducciones que ya existían de alquiler de vivienda. Esas tres medidas lo que buscan precisamente es tratar de seducir al propietario de que vuelva al mercado de alquiler. ¿Van a ser las únicas? No. Estamos trabajando también con los agentes inmobiliarios, con distintos agentes que participan en el proceso para buscar garantías de cobro a la hora de que aquel propietario que ponga la vivienda en alquiler tenga la seguridad de que va a cobrar la renta. Eso estamos avanzando. Es verdad que no queremos cometer errores del pasado, cuando el gobierno anterior sacó un programa de vivienda vacía que tuvo un fracaso rotundo. Una sola vivienda se pudo poner en el régimen de alquiler, pero conociendo el pasado, lo que vamos a hacer es tratar de movilizar el mayor número de viviendas vacías.
– ¿Cuantas?
– Somos muy realistas, sabemos perfectamente que esas 211.000 no las vamos a poder movilizar, pero con que podamos movilizar un porcentaje de esas va a ser, desde luego, positivo para dar respuesta, porque va a incrementar la oferta y dar respuesta a la importante demanda que existe en alquiler.
– ¿Y ha cambiado el perfil de la persona que busca vivienda? España era un país de propietarios, más que de arrendatarios.
– Cuando se imposibilita o es muy difícil acceder a la compra de una vivienda, ese mismo ciudadano busca la vivienda en régimen de alquiler. Son vasos comunicantes. Por eso es importante también fomentar la compra a aquellos que pueden comprar, porque eso va a posibilitar que la demanda de alquiler sea más reducida. En ese sentido, también de cara a los presupuestos del año 2025, vamos a incorporar una partida para recuperar la hipoteca joven con la idea de incentivar en una parte de la población que le cuesta mucho más poder comprar vivienda, poder facilitarles esa compra a través de una hipoteca mucho más ventajosa, que además financia hasta el 90% de la compra y, por tanto, el esfuerzo de ahorro, el esfuerzo inicial es menor. Esa hipoteca joven, ya en su momento, tuvo un éxito extraordinario y la idea es que todas las entidades bancarias que operan en Canarias se puedan adherir a la misma y podamos tener una hipoteca joven que dé alegría a muchísima gente. Si eso es así, esos jóvenes que pueden acceder a una compra de vivienda dejarán de ser jóvenes que están interesados en poder alquilar. Por lo tanto, de alguna manera, daremos respuesta, en este caso, al equilibrio entre oferta y demanda.
– ¿Son también vulnerables los mayores en este momento? Lo digo porque también han anunciado incentivos para mayores.
– Antes, probablemente hace 20 años, cuando hablábamos del problema de la vivienda lo circunscribíamos exclusivamente a jóvenes, el acceso a la primera vivienda de un joven y a familias vulnerables o a personas vulnerables que, evidentemente, necesitaban de la intervención de la administración para poder acceder a un proyecto de vida a través de una casa. Hoy no es así. Hoy, personas que tienen un trabajo bien remunerado tienen problemas para acceder a una vivienda, porque los precios de alquiler se han disparado y la oferta de alquiler y la oferta de venta es mucho menor que hace 20 años. Tanto es así que hasta el año 2008 se construían en Canarias hasta 30.000 viviendas al año. Desde la crisis financiera hasta ahora, el mejor registro son unas 3.000 viviendas al año. Pero la media está en 1.500 viviendas al año. Por lo tanto, significa que a pesar de que la población ha seguido incrementándose en Canarias, la construcción de viviendas y, por tanto, la producción de las mismas ha ido reduciéndose de manera muy significativa. Todo eso ha generado que hoy sea un problema no exclusivamente de una parte de la población, sino que sea un problema bastante homogéneo.
– ¿Y es partidario de poner un tope al precio de los alquileres?
– El problema es que en Canarias hay una falta de oferta ante una demanda muy intensa. Desde la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos a la Ley de Vivienda Estatal, se ha retirado, dicen las cifras que manejan las operadoras inmobiliarias, en torno a un 40% de la oferta. Si a lo mejor generamos un tope de alquiler en el lugar que no corresponde, probablemente en lugar del 40% de la oferta se retira todavía más. Si la oferta cada vez es más reducida, ya les puedo asegurar que no hay solución para que los demandantes de vivienda encuentren una vivienda. Necesitamos tener un equilibrio. Nosotros no estamos en contra, en términos ideológicos, del tope, pero creemos que es una medida que a lo mejor en Canarias no es eficiente. Creo que reduciría aún más la oferta de vivienda ya que puede desincentivar a los propietarios. Si yo te digo, te vamos a reducir la posibilidad de lo que puedes cobrar, pues evidentemente no me compensa y la mantendré cerrada. Y ya estamos diciendo que el problema que tenemos es que hay 211.000 viviendas vacías y cerradas.
– ¿Y la vivienda de vacacional hasta, hasta qué punto influye?
– Ante esta tormenta perfecta de la inseguridad que tiene el propietario de poner la vivienda en alquiler y la posibilidad que tiene con el vacacional de ganar más dinero o ingresar más dinero a través de rentas vinculadas al turismo, pues evidentemente influye de manera clara. Hay lugares en los que no tiene ninguna incidencia, como zonas rurales, en las islas verdes; pero hay zonas en las que el vacacional, como puede ser Guanarteme, desde luego está generando una alteración del mercado de alquiler o el mercado de la vivienda tradicional, y eso es indiscutible.
– Y así, ya la gente no vive donde quiere, sino donde puede.
– Ni donde se puede, ya es donde haya vivienda, hay un problema también de colapso de la oferta. Donde hace muy pocos años había 20.000 viviendas en régimen de alquiler, hoy hay una cuarta parte. Y eso hace, evidentemente, que ya no solamente no puedas elegir por tu capacidad económica, sino que no puedes elegir simplemente porque no existe. Y por eso es importante incentivar la oferta, los bonos de ayuda, las ayudas que otorgamos desde el Gobierno de Canarias al alquiler son para incentivar la demanda, para ayudar a la demanda a poder pagar el alquiler, pero si no incentivamos la oferta pues probablemente tendré la posibilidad de acceder a una vivienda, pero no tendré la vivienda. Hay que incentivar que el propietario de vivienda que hoy existe vea una ventaja en poner su vivienda en régimen de alquiler. Y vamos a tratar de buscar todas las fórmulas que estén en nuestro marco jurídico y competencial para tratar de seducir a ese propietario, porque estoy convencido que es la medida más rápida para dar respuesta a la emergencia habitacional.
– ¿Y qué hay de la nueva construcción?
– Esto no quita que sigamos construyendo viviendas públicas, que sigamos construyendo viviendas protegidas. Pero necesitamos también movilizar la vivienda que ya existe, porque además no ocupa más terreno y es mucho más rápida la respuesta que construir.
– ¿Todo eso se refleja en los Presupuesto de 2025?
– La vivienda es una prioridad en los presupuestos, crece por encima del resto de áreas, tiene además un peso importante en todas las deducciones fiscales del IRPF.
– ¿Se acabó hacer negocio con las viviendas protegidas?
– Hay una cosa muy importante en ese sentido, y es que el Decreto 1-2024 de Medida Urgente en Materia de Vivienda del Gobierno de Canarias establece que las viviendas públicas tienen régimen de permanencia indefinida como vivienda pública, no se pueden vender, no se puede especular con ellas. Esto es nuevo, casualmente, Canarias es la primera comunidad de toda España que lo ha hecho, en febrero de este año. Es algo muy importante porque el parque de vivienda pública debe tener una condición cíclica, dando respuesta a la emergencia habitacional de una familia en un momento determinado. Eso históricamente no ha sido así y somos plenamente conscientes. Y luego el régimen, aparte de que va a ser siempre público, el régimen siempre va a ser en alquiler.
– ¿Y qué ha pasado con la famosa declaración de zonas tensionadas?
– Bueno, Canarias desde el 19 de febrero está declarada en emergencia habitacional. Como declaración, tiene probablemente la misma cobertura. La ley estatal establece las zonas tensionadas para intervenir en el mercado con medidas extraordinarias. Nosotros estamos interviniendo en el mercado y estamos colocando medidas extraordinarias. A día de hoy, de los 88 municipios de Canarias, ninguno ha presentado una solicitud formal, como establece la ley de vivienda estatal.
– Y de todo esto, ¿qué dice el sector privado?
– Tenemos que convencer en primer lugar a los promotores, a los empresarios que inviertan en vivienda, que den la respuesta a la emergencia habitacional y que tienen instrumentos para hacerlo. Con la Reserva de Inversiones de Canarias pueden invertir en vivienda, en régimen de alquiler en carácter de vivienda protegida. Eso lo pueden hacer hoy. No hace falta que hagamos absolutamente nada. Por el momento, hemos actualizado el módulo básico de Canarias, que era una de las exigencias que pedían los promotores, y hemos agilizado parte del proceso de construcción o de calificación de vivienda protegida. Donde han encontrado obstáculo los promotores es en la obtención de licencia municipal. Y ahí es el siguiente paso que queremos dar. Estamos trabajando desde hace unos meses en un decreto ley para buscar fórmulas que ayuden a los ayuntamientos a otorgar las licencias municipales en menor tiempo posible. Y si hacemos eso, prácticamente diría que los promotores no tienen excusa para invertir. No digo los 2.000 millones de euros que se estima que pueda haber en reserva de inversiones en este momento, pero sí una parte.
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