Los 64 inmigrantes del Canarias 50 continúan en la calle 72 horas después

Es la cuarta noche que los 64 expulsados del campamento Canarias 50 duermen en la calle. En la jornada de ayer ya habían sobrepasado las 72 horas límites que dicta la norma interna del sistema de atención humanitaria para que pudieran volver a acogerse a la ayuda del recurso que habían abandonado el viernes. De nuevo, mantas y cartones para dormir a la intemperie, colas en el comedor social de la parroquia de San Pedro de La Isleta, donde les han dado cobijo temporal, y ninguna información en claro sobre los siguientes pasos a seguir.

La negativa de readmisión de la Cruz Roja ha dado como resultado que más de medio centenar de personas se encuentren ahora en situación de calle y «totalmente desamparados», tal y como ha declarado el párroco Jorge Duarte. Desde la entidad, encargada de la gestión del campamento, explican que aunque la renuncia de las plazas fue voluntaria y «desoyendo los consejos del equipo», se produjo en un contexto de agresividad que atenta contra las normas básicas de convivencia establecidas. «No sería posible su readmisión porque estaríamos poniendo en riesgo no solo la gestión de todo el recurso sino también a las otras personas que han sido amenazadas o heridas, a los otros 315 residentes, así como al personal», indica José Javier Sánchez Espinosa, director de Inclusión Social.

El conflicto se produjo cuando se instó al grupo a movilizarse de unas carpas, ubicadas en la primera fase del campamento, a otras en la fase II para poder instalar unos módulos de alojamiento destinados a mejorar las condiciones de acogida. La tensión fue en aumento cuando 62 residentes se negaron alegando que no querían ser trasladados a carpas más grandes sino continuar su trayecto migratorio vía la península. Tras dos horas de mediación, cuentan desde Cruz Roja, hubo «forcejeo y amenazas reales» que dieron lugar a una agresión a otro residente, que acabó con un punto en la cabeza, y uno de los guardias de seguridad lastimado. «Finalmente, se fue uno a uno explicándoles exactamente lo que suponía abandonar el campamento para que lo entendieran y renunciaron 64 personas», añade Sánchez Espinosa.

En la jornada de ayer, asistidos por los voluntarios de la plataforma Somos Red, 41 de los inmigrantes acudieron a las puertas del Canarias 50 con el objeto de que pudieran presentar por escrito una solicitud de readmisión individual para que no se les juzgara por los actos cometidos por otros. Sin embargo, la entidad mantuvo su postura inicial, alegando que desconocían si administrativamente podían admitir el registro de dichas solicitudes.

«Han vuelto a quedar sin ninguna protección ni amparo, sujetas al hostigamiento policial, y sin que por parte de ninguna institución, ni estatal, ni canaria, hagan absolutamente nada para impedirlo», denuncia la plataforma en una nota. Entre sus demandas, instigan a que las autoridades gubernamentales «abandonen su vergonzosa indiferencia ante la situación de calle de cientos de personas, porque el respeto de los derechos humanos jamás debería ser una cuestión de competencias». En esta línea, han incidido en la necesidad de solucionar el bloque «injustificado e ilegal» al que han sometido a los inmigrantes que llegan a las costas canarias y que está siendo el detonante, aseguran, de la mayoría de los incidentes.

«Todo el mundo se tira la pelota y no tenemos ni idea de quién es la responsabilidad, pero lo cierto es que aquí están, en una parroquia que no tiene capacidad para atenderles», se queja Jorge Duarte, párroco de la Iglesia de San Pedro, en La Isleta, que ha acogido en su patio por el momento a la mayoría los inmigrantes que se han quedado fuera del Canarias 50. «Ya estábamos haciendo un sobreesfuerzo atendiendo a más de 70 personas diarias en nuestro comedor, pensado para 50, y ahora el barrio debe cargar con un volumen mucho mayor».

Los vecinos, indica el párroco, han sido comprensivos y se han organizado también con los voluntarios de la plataforma Somos Red para una respuesta humanitaria, pero inevitablemente ven con «angustia» una situación que puede acarrear problemas en las calles. «Tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados. ¿Qué creen que va a pasar con toda esa gente en situación de pobreza estancada en la ciudad», inquiere, apelando a la «cordura» de las autoridades competentes, Cruz Roja, el ministerio de Inmigración o la Delegación del Gobierno, que sigue manteniendo su silencio. Este fin de semana, desde la institución declararon que no tenían competencia para actuar en tanto que los inmigrantes habían salido voluntariamente del campamento y, por tanto, no pueden intervenir en la libre circulación de las personas.

Por su parte, Duarte lanzó un último grito de ayuda: «Necesitamos saber cuál es el futuro de estos chicos. No se puede improvisar ni tomar una decisión sin evaluar las consecuencias. Tiene que haber un dialogo entre las administraciones para que haya una salida, que puede que sea dura, pero debe ser digna».