Los grupos políticos respaldan 'a priori' los cambios en la ley del suelo

Un clima de entendimiento y de apertura al diálogo fue el que reinó durante la comisión parlamentaria celebrada ayer en la Cámara regional para dar cuenta sobre los cambios en la ley del suelo del archipiélago. El consejero de Política Territorial del Ejecutivo regional, Manuel Miranda, compareció ante los grupos con representación en el Parlamento, por petición propia, para presentar los avances en la modificación de un texto aprobado en 2017 y que, tras un año de revisión y de aportaciones por parte de más de 700 profesionales y administraciones públicas, abre ahora su periodo de consulta pública.

El objetivo esencial de la consejería, desde un primer momento, ha sido el de buscar la manera de agilizar los trámites y de incluir en la norma aspectos como el reto demográfico o la Agenda 2030, ya que, como remarcó Miranda, «la Canarias de 2017 no es la misma que la de ahora».

Durante la media hora de comparecencia, en la que intervinieron, además del consejero del área, el consejero delegado de Gesplan, Miguel Ángel Pérez, y el director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, Onán Cruz, se explicaron los principales puntos en los que se basa el borrador del nuevo texto. Se espera que el documento llegue al Parlamento de Canarias entre julio y septiembre de este año. Por tanto, Miranda solicitó a las fuerzas con representación en la Cámara que refrenden «el trabajo que se ha venido haciendo con las instituciones».

Tras un proceso de escucha activa en el que participaron colegios profesionales, cabildos y ayuntamientos, entre otros, «se han introducido novedades» y también se han reforzado aspectos de una ley que conserva su espíritu.

La oposición valoró con buenos ojos este trabajo. Así, durante su intervención, la diputada del grupo socialista Nayra Alemán indicó que se ha llevado a cabo «un método correcto» al «escuchar a los técnicos sin prisas». Todo ello, debido a que, en 2017, criticó, la ley salió «de un despacho y fue al Parlamento». En ese momento, con Fernando Clavijo también al frente del Ejecutivo, solo fue apoyada por 33 de los 60 diputados de la Cámara. «Espero que no vuelva a suceder», remarcó con convencimiento.

Además, el resto de grupos mostró su interés en seguir trabajando para aportar posibles enmiendas al texto, aspecto que Miranda valoró positivamente.

El consejero delegado de Gesplan detalló que, tras las jornadas técnicas que mantuvieron con las instituciones, se detectó que «el 60% de los encuestados» necesitaba un cambio en la ley, puesto que «no se ajustaba a las necesidades actuales».

En este borrador, se reduce el «contenido obligatorio de los planes de ordenación» para que haya un 40% menos de carga documental en los Planes Generales de Ordenación.

Además, con este cambio en la norma, que persigue reducir «los pasos burocráticos», se van a disminuir «los tiempos de exposición pública» y se pasará de una media de 210 a 160 días, según detalló Cruz.

Otra de las novedades es que las sanciones por daños ambientales leves pasan de 60 a 300 euros y las graves pueden llevar a los 600.000 euros. En este punto, la prescripción de las sanciones se amplía de los cuatro años a los ocho.

Además, en el texto también se hace especial alusión a fomentar la vivienda pública. Para ello, se plantea pasar del 30% al 40% de suelo destinado a dicho fin.

Por otro lado, ante el reto demográfico que existe en las islas, se quiere dar un apoyo especial a los municipios con menos de 10.000 habitantes. Para este fin, se ha optado por ser más flexible en los requisitos para construir en suelo rústico.

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