Los grupos parlamentarios de Canarias, a favor de la derivación de menores migrantes a otras comunidades

Todos lo grupos del Parlamento de Canarias, a excepión de Vox, han apoyado este miércoles la propuesta del Gobierno de Canarias de promover ante las Cortes Generales la elaboración de un Real Decreto Ley para que la derivación de menores migrantes a otras comunidades autónomas sea obligatoria, tal y como también han acordado el Gobierno canario y el Ministerio de Juventud e Infancia.

El apoyo a la medida, impulsada por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha producido tras una reunión del jefe del Ejecutivo autonómico con los portavoces de los siete grupos con representación en la Cámara regional para debatir este asunto en un encuentro al que también ha asistido la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado y el vicepresidente, Manuel Domínguez.

La única voz discrepante ha sido la del portavoz de Vox, Nicasio Galván, quien ha considerado «perverso» que se trabaje en la derivación de los menores migrantes porque, en su opinión, la solución es su repatriación inmediata y dar un mensaje «claro» de que una persona que entra de manera ilegal no va a ser regularizada.

A su juicio, lo contrario es fomentar el enriquecimiento de las mafias del tráfico de personas «y lo que es más grave, de menores», y ha señalado que Canarias «no puede permitirse el coste ingente» de unos 10 millones de euros al mes en la manutención de los menores que han arribado a sus costas.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha explicado que la comunicación correspondiente se aprobará en el Consejo de Gobierno autonómico y se remitirá al Parlamento de Canarias, para ahí proceder a su debate y emitir la propuesta más consensuada posible.

Dicha propuesta es la que se trasladará al Congreso de los Diputados con una invitación a que su Junta de Portavoces visite el archipiélago para conocer 'in situ' la realidad migratoria y, al respecto, la consejera ha especificado que actualmente hay unos 5.500 menores en las islas, una cifra que aumentará previsiblemente con las llegadas de estos días.

«Estamos hablando de niños y niñas y, además, se trata de un problema estructural, no estacional«, por lo que el Gobierno canario seguirá en contacto con el resto de comunidades autónomas para la derivación de menores, ha proseguido Delgado, quien se ha mostrado partidaria de que la norma legal para obligar a este reparto se efectúe vía decreto ley, que es de tramitación más ágil.

El portavoz parlamentario del grupo Mixto, Raúl Acosta, de la Agrupación Herreña Independiente, ha afirmado que está «cansado» de ver cómo algo que era inconstitucional luego se tramita como ley (en alusión a la amnistía) y en cambio el Estado no se hace cargo de los menores que llegan al país, mientras una isla como El Hierro se encuentra «totalmente desbordada».

«El día a día nos va comiendo sin ser capaces de llegar a grandes acuerdos para modificar algo tan simple como que el Estado se haga cargo de un reparto justo y equitativo de los menores, algo que es urgente», ha declarado Acosta.

A su vez el líder de Agrupación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, ha coincidido en la necesidad de las modificaciones legislativas porque, de no ser así, dentro de un año Canarias no tendrá capacidad para responder a esta realidad, y ha pedido «aparcar las ideologías» para afrontar un camino «que requiere mucho diálogo, consenso y sensibilidad» ya que la crisis migratoria es un problema de Estado.

Luz Reverón, del Partido Popular, ha apoyado el que se busque una solución a una situación «insostenible» para Canarias y ante la que las islas «se encuentran solas» y ha propuesto que la comunicación que elabore el Gobierno regional tenga las premisas de que el reparto se haga entre todas las comunidades autónomas sin excepción, que se efectúe con criterios objetivos y cuantificables y que el Gobierno de España asuma económicamente dicha gestión.

Para Luis Campos, de Nueva Canarias-Bloque Canarista, se trata de buscar soluciones globales «frente a la insensibilidad y falta de solidaridad del conjunto de las administraciones a nivel estatal» por lo que ha mostrado su «mano tendida» para una «ofensiva total» desde Canarias en la que, además, ha pedido la implicación de las direcciones del PSOE y del PP, pues esta situación requiere de medidas estructurales, no coyunturales.

José Miguel Barragán, de Coalición Canaria, ha puntualizado que la propuesta que efectúe el Gobierno canario puede ser «enriquecida» por el camino con el objetivo de que la iniciativa legislativa que resulte sea aprobada con un amplio consenso.

Para el portavoz del grupo Socialista, Sebastián Franquis, esta cuestión supone «un problema de país y por tanto tenemos que dar una respuesta de país« por lo que se ha mostrado convencido de que contará con el apoyo de los diputados socialistas en el Congreso para impulsar la modificación normativa correspondiente, bien sea vía proposición de ley o Real Decreto ley.

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