Grandes municipios turísticos rechazan el texto del Gobierno por invadir sus competencias

B. Hernández

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 6 de junio 2024, 02:00

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Tres grandes ayuntamientos turísticos de Las Palmas -San Bartolomé de Tirajana, Mogán y La Oliva- rechazan la injerencia en las competencias municipales que constatan en el anteproyecto de ley de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas, la conocida como la ley del alquiler vacacional.

Así figura en las alegaciones al texto elaborado por la Consejería de Turismo presentadas durante el periodo de exposición pública, en las que exponen que las materias relativas al planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística les corresponden atendiendo a las competencias otorgadas tanto por la Constitución como por el Estatuto de Autonomía o la Ley del Suelo y Espacios Protegidos de Canarias.

En cambio, el texto actual «pudiera ser contrario a la autonomía municipal» por los «desmesurados límites y restricciones» que plantea. A la vez señalan que «ordenar de manera genérica e indiscriminada» resulta «ineficaz y contrario a los principios específicos de ordenación», resume Mogán en sus alegaciones.

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Estos municipios están gobernados por los socios del pacto regional y sus aliados, ya que el alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, es de CC; el dirigente de San Bartolomé, Marco Aurelio Pérez, gobierna bajo las siglas de PP-AV y Onalia Bueno preside la Corporación de Mogán desde Juntos por Mogán, socio de los nacionalistas.

El ayuntamiento majorero es el más duro con el texto gubernamental llegando a pedir su retirada. En sus alegaciones, reclama que se suspenda la tramitación del procedimiento encaminado a la aprobación de la ley y se elabore un texto alternativo que surja del acuerdo de mesas de trabajo con los representantes municipales para consensuar un documento «que proteja, con proporcionalidad y equilibrio, los diferentes intereses existentes».

Además, La Oliva entiende que el anteproyecto recoge «con claridad» el objetivo de «provocar la desaparición de la modalidad alojativa de vivienda vacacional», un argumento que también comparte Mogán, cuando señala que el anteproyecto, lejos de ordenar el uso turístico de las viviendas, «aboca a su prohibición y practica desaparición en determinados municipios».

Este ayuntamiento considera al respecto que deben primar el equilibrio «entre la actividad turística convencional y la vivienda vacacional». Para los dirigentes municipales, hay otras medidas sin neutralizar la vivienda vacacional, entre las que cita el decreto canario de medidas urgentes en materia de vivienda o la ley nacional de Vivienda.

También cuestionan estos municipios el deber de reservar, como mínimo, el 90% de la edificabilidad residencial prevista con destino exclusivo a uso residencial, excluyendo el uso turístico de hospedaje en viviendas y otras actividades económicas.

En este sentido, señalan que este porcentaje se podría reducir atendiendo a circunstancias sociales, económicas, urbanísticas, territoriales, ambientales, etc. de cada municipio. Apunta La Oliva, mientras que San Bartolomé insiste en que debe ser un criterio del planeamiento municipal «y no una imposición directa por ley».

Asimismo, han presentado alegaciones contra la disposición que determina que el planeamiento debe fijar la compatibilidad del uso residencial y/o vivienda con el uso turístico. En este caso, San Bartolomé entiende que son las comunidades de vecinos las que debe adoptar el acuerdo.

Esta Corporación tampoco comparte que no se considere vivienda a los apartamentos, bungalós o villas en edificios o complejos turísticos que se hallen fuera de explotación turística porque elimina cualquier opción a desarrollar la vivienda vacacional en estos complejos.

Además, dice, se da una «ausencia total» de regulación respecto a los grandes tenedores y propone un régimen especial de manera que evite la desviación de actividad a esta modalidad vacacional, que califica de «más laxa y menos exigente que la normativa turística».

La tramitación de un plan general de ordenación o su modificación requiere de un proceso que tarda años. Por eso, la posibilidad planteada en el anteproyecto de ley de modificar a corto o medio plazo el planeamiento para recoger el uso turístico o vacacional de una vivienda «es irreal».

Además, el documento otorga un plazo de tres meses a los cabildos para remitir a los ayuntamientos la relación «completa y pormenorizada» de las viviendas vacacionales inscritas para verificar que cumplen con la normativa. A su vez, los municipios deben enviar a la institución insular la relación de las viviendas incumplidoras.

Los ayuntamientos denuncian que sus medios materiales, humanos y económicos son «insuficientes» para llevar a cabo esta tarea, a lo que se suma la carga de trabajo que ya sufren, por lo que ven «practicamente imposible» cumplir con la citada verificación. La Oliva indica que «se está abocando a los ayuntamientos, de forma prematura, a un incumplimiento de la ley».

Para llevar a cabo las funciones que la ley impondría a los municipios, puntualiza además Mogán en sus alegaciones, sería preciso que los municipios destinaran recursos de sus propias arcas, lo que supondría una «merma de las iniciativas y servicios municipales».

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La Corporación que preside Onalia Bueno considera «contrario al principio de responsabilidad por la gestión pública» que ante una problemática se proyecte una «regulación rodillo» como el anteproyecto de ley de vivienda vacacional.