Hacienda evita que docentes y sanitarios se queden sin cobrar

El agujero de 480 millones de euros detectado por el Gobierno autonómico pone en riesgo, entre otras cosas, las nóminas del personal que trabaja en los servicios públicos de Sanidad y Educación. Para evitar que eso no termine ocurriendo, la Consejería de Hacienda empleará 72 millones de los 140 millones que acaba de retener para pagarles el sueldo.

Por eso, el también vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, se vio obligado ayer a emitir un comunicado informativo en el que corrige a su compañero de Ejecutivo que ejerce de portavoz para asegurar que «no hay ningún tipo de recortes en las cuentas públicas, antes al contrario. Lo que estamos haciendo es retener determinados créditos no esenciales para poder redistribuirlos y hacer frente a gastos básicos en Educación y Sanidad, esencialmente referidas al capítulo de Personal».

El consejero afirmó que el acuerdo adoptado va en la línea de «mitigar la desviación en la regla de gasto», causada entre otras cosas por la decisión que tomó el Ejecutivo de Fernando Clavijo de reducir la jornada laboral a docentes y sanitarios y afrontar su coste sin contar con presupuesto para ello.

Esta medida carece incluso de respaldo legal. En la disposición adicional décimo sexta de la Ley de Presupuestos de 2019, se condiciona la reducción de la jornada laboral al cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Clavijo dijo que no había pedido informe jurídico ni tampoco que lo necesitara.

Tal y como se indica, la reducción a «18 horas» queda «queda condicionado a que la Comunidad Autónoma de Canarias pueda incrementar el gasto no financiero durante el ejercicio 2019 hasta el límite del equilibrio estructural, así como que sea sostenible en los escenarios presupuestarios futuros no comprometiendo el cumplimiento de los objetivos de estabilidad, regla de gasto y deuda pública».

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