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Miércoles, 22 de agosto 2018, 13:00
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, avanzó ayer que Canarias rechazará la propuesta del Ministerio de Hacienda sobre los objetivos de estabilidad y deuda pública «si, como todo parece indicar, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebra hoy, se continúa sin dar una salida satisfactoria a las autonomías y corporaciones locales cumplidoras, que necesitan aplicar su superávit en los presupuestos para mejorar los servicios públicos esenciales».
Sobre la incorporación de esos fondos, que en el caso de Canarias ascienden a 598 millones, Dávila descartó que deban destinarse a inversiones financieramente sostenibles, «que además dependen de la autorización de Madrid». Insistió en que «la población necesita que ese dinero sirva para áreas tan importantes como la sanidad, las políticas sociales o la educación».
Por tanto, entiende la consejera, utilizar el superávit para inversiones financieramente sostenibles «no es la solución». De hecho, apuntó que las corporaciones locales -que se han visto afectadas por la limitación de la regla de gasto antes que las autonomías- «ya han reclamado que se revisen los criterios estrictos para el destino del superávit y que se consideren las necesidades reales».
En este punto, Rosa Dávila defendió que el superávit no debe utilizarse para gastos extraordinarios sino para las verdaderas necesidades de la ciudadanía, es decir, para los servicios públicos esenciales. «El Gobierno central tiene una oportunidad para compensar a las autonomías cumplidoras, sobre todo teniendo en cuenta que se han paralizado los trabajos para la revisión del nuevo sistema de financiación autonómica, cuyo fin es precisamente el de sufragar el coste de los servicios esenciales».
La consejera criticó que Madrid vaya a mantener en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera la propuesta que ya puso sobre la mesa hace un mes «y no se plantee atender la reivindicación que hacen algunas comunidades, reivindicación que lidera Canarias». Añadió que negarse a la posibilidad de no territorializar la regla de gasto es «alargar una injusticia con las autonomías que, como las Islas, se han esforzado durante años para cumplir con los objetivos de estabilidad y de deuda pública».
El pasado 25 de julio, Canarias hizo llegar a la ministra María Jesús Montero un informe, elaborado por los técnicos de la Consejería de Hacienda y por los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, en el que se identifica y detalla la fórmula que debe aplicarse para permitir la territorialización de la regla de gasto sin tener que modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Con esta fórmula, que contempla que se estudie la situación de cada comunidad autónoma, se permitiría adaptar la regla de gasto a las necesidades reales de cada una de ellas y, además, el Ministerio daría respuesta a las recomendaciones reiteradas de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF).
La proposición, que ya planteó el Gobierno en el CPFF del 19 de julio estima un objetivo de déficit del 0,3% para 2019, del 0,1% en 2020 y equilibrio presupuestario en 2021. De aprobar el Congreso finalmente esta propuesta, el techo de gasto de 2019 sería de 125.064 millones, un 4,4% más que en 2018, lo que se traduce en 5.230 millones adicionales.
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