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El Gobierno de la Comunidad Autónoma gastó en el mes de junio -cuando todavía estaba Coalición Canaria (CC)- 733 millones de euros, un 8% más que en el mismo mes del año anterior, lo cual obliga al Ejecutivo que hoy preside el socialista Ángel Víctor Torres a obtener ingresos por valor de 179 millones de euros para equilibrar el Presupuesto.
Éste es uno de los datos que suministra la Intervención General del Estado, que ahonda en las advertencias hechas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre el «riesgo alto» que presenta la Comunidad Autónoma de Canarias de incumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria al acabar este año.
El agujero que ha dejado CC en el último año del mandato representa el 0,37% del producto interior bruto (PIB) cuando debía de haber sido el 0,1% si se cumpliera con los objetivos de estabilidad presupuestaria.
La intervención, dependiente del Ministerio de Hacienda, añade el desajuste que presenta la regla de gasto, cuya evolución va empeorando conforme avanza 2019. El límite se fijó en el 2,7% y va por el 7,3%. En términos brutos significa 3.203 millones de euros hasta junio.
En el informe de la Intervención General, se apuntan razones que explican el incremento tanto del déficit -cuando los gastos superan a los ingresos- como de la regla de gasto -limitación de las operaciones financieras-, situación que afecta prácticamente a todas las comunidades autónomas. En el caso de Canarias, se indica que, una de las causas, es el «descenso de los ingresos del IGIC, con 356 millones en 2019 frente a 385 millones en 2018, y a los menores ingresos derivados del impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP) y actos jurídicos documentados (AJD), que caen un 0,6% hasta los 4.434 millones».
Este argumento confirma que el Gobierno que presidió Fernando Clavijo erró en las previsiones impositivas, algo que ya reflejó también la AIReF en el mes de julio.
La Consejería de Hacienda del Gobierno autonómico subraya en un comunicado remitido ayer que «las desviaciones detectadas en el déficit público y la regla de gasto en la Comunidad Autónoma están certificadas por la Intervención General de la Administración del Estado, al hilo de determinadas interpretaciones políticas interesadas sobre el último informe de la AIReF».
El descuadre en las cuentas está generalizado; el déficit de toda la Administración regional ha aumentado un 10,3% -7.938 millones- entre junio de este año y el del anterior.
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