Canarias se juega 1.700 millones en las negociaciones con Madrid

Las relaciones Canarias-Estado tiene en este momento más incertidumbres que certezas. Además de los convenios de infraestructuras, la administración autonómica tiene numerosos frentes abiertos con el Estado en los que se juega más de 1.700 millones de euros. Sin duda, la partida más cuantiosa es la que está sobre el tejado del Ministerio de Fomento -casi 1.300 millones-, pero existen asuntos pendientes en todos los departamentos del Gobierno central.

Además, sigue abierto el debate tras los objetivos de estabilidad propuestos por Madrid y rechazados ya por la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, porque inciden de manera directa y negativa en la elaboración de los Presupuestos de la Comunidad autónoma.

Canarias también ha expresado malestar tras el anuncio del Gobierno central de que no habrá nuevo sistema de financiación autonómica en esta legislatura y la posibilidad de que se recurra a la negociación bilateral. La posición regional mantiene que se debe trabajar en un nuevo modelo que tenga como base el trabajo del comité técnico del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y de manera «multilateral».

El Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue insistiendo en que Canarias no perderá ni un euro en los convenios recogidos en las cuentas de 2018, pero sigue sin ponerse día y hora para su firma. En el caso de las carreteras, que debía estar suscrito a finales del año pasado, la partida pendiente asciende a 1.166 millones de euros. De éstos, 865 deben ser abonados en cumplimiento de las sentencias judiciales por el incumplimiento del convenio de 2012-2016, mientras que 200 millones corresponden a la anualidad de este año del convenio que aún está por suscribir y otros 101 millones de euros en concepto de adenda al acuerdo anterior. El convenio de Vivienda, de más de 76 millones, cuenta con el compromiso del ministro José Luis Ábalos - a través del secretario regional del PSOE, Ángel Víctor Torres- de que se cerrará a finales de este mes o principos del próximo.

Además de las partidas, Canarias también quiere compromisos aún no cuantificados y que tienen que ver sobre todo con los asuntos sociales. Entre éstas, figura la financiación de la nueva Ley de Servicios Sociales y el pago de los costes de la actual ley de dependencia. En este momento, según señala el Gobierno de Canarias, las comunidades autónomas aportan el 70% de la financiación, cuando les correspondería el 50%.

En este sentido, también está pendiente la subvención de dos millones a la Comunidad Autónoma para un plan regional contra la violencia de género o 41 millones para los planes concertados contra la pobreza en las islas. De esta cantidad, 30 millones corresponden al proyecto contemplado en los Presupuestos estatales de 2018, mientras que otras dos partidas de cinco y seis millones respectivamente corresponden a cuantías extra para el plan concertado y plan contra la pobreza del ejercicio anterior.

El Gobierno de Fernando Clavijo también quiere abordar con Madrid asuntos que llevan años sobre la mesa, como la recuperación de los terrenos del campo de tiro de Pájara (Fuerteventura) o acuerdos para la Base Naval de Las Palmas de Gran Canaria con el Ministerio de Defensa o impulsar las relaciones con Marruecos para la definición de la mediana en el departamento de Exteriores.

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