El Gobierno se prepara para reanudar las repatriaciones tras abrir los CIE

Los centros de internamiento de extranjeros (CIE) de Barranco Seco, en Gran Canaria, y el de Hoya Fría, en Tenerife, vuelven a estar operativos desde el pasado día 11 con vistas, previsiblemente, a retomar las devoluciones de inmigrantes a sus países de origen.

Desde comienzos del pasado mes de febrero se conocía que el Ministerio de Asuntos Exteriores estaba negociando con el gobierno de Rabat para normalizar las relaciones bilaterales en lo relacionado a puertos y aeropuertos. El cierre del espacio aéreo por parte de Marruecos «por razones sanitarias» significó la suspensión de los vuelos de repatriación que se estaban haciendo desde Gran Canaria a razón de cuatro semanales, con un máximo de 20 personas cada uno.

Por el momento no hay ninguna confirmación de que se hayan iniciado ni de que el país alauita vaya a aceptar los mismos términos de cantidad y frecuencia que hasta ahora. Tampoco que el punto de retorno sea El Aaiún, en el Sáhara Occidental, o si se baraja otra posible localización.

Lo que sí cabe asegurar es que Rabat solo aceptaría a ciudadanos marroquíes -que, por otra parte, representan el grueso de las personas que llegan a las costas canarias por la vía marítima- al contrario que países como Mauritania. El convenio internacional de devolución con este país es especialmente amplio, ya que acepta a cualquiera que ha llegado ilegalmente a las islas. Sin embargo, de nuevo las restricciones derivadas de pandemia ha impedido proceder por esta vía.

En cualquier caso, la reapertura de los CIE es síntoma de que las relaciones bilaterales van estrechándose. De ahí que las autoridades hayan detenido ya a varias personas con orden de devolución a la espera de que Marruecos valide los trámites.

Pendiente queda, por otro lado, el CIE de El Matorral, en Fuerteventura. El antiguo acuartelamiento militar había permanecido durante seis años vacío hasta que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, decidiera su cierre en 2018. El nuevo contexto migratorio obligó a repensar el espacio y, tras un proceso de obras se anunció que su puesta en marcha llegaría por fases. Sin embargo, su reapertura parcial a mediados de 2021 no llegaron a materializarse debido a retrasos que las autoridades achacaron a la pandemia.

El protocolo dicta que los inmigrantes pueden permanecer en estas instalaciones un máximo de 60 días, sin que pueda acordarse un nuevo internamiento por cualquiera de las causas previstas en un mismo expediente. Si en ese tiempo no se ejecuta la orden de devolución, la persona debe ser puesta en libertad.

El antiguo supervisor del CIE, Arcadio Díaz Tejera, se mostró particularmente crítico con las «irregularidades» que se producían en lo que al comienzo de la crisis migratoria calificó de «cárceles de la dictadura». Las deficiencias estructurales y la falta de higiene heredadas desde hacía años se sumaban a vulneraciones de derechos relacionadas con las comunicaciones telefónicas o la asistencia letrada. Esta última, con el riesgo añadido de que muchas de las personas susceptibles de solicitar protección internacional no lo hacían por falta de información al respecto.

En un auto de febrero de 2020, el juez también observó las carencias en cuanto a la contratación de personal, ausencia de traductores que dieran garantías de entendimiento, así como la falta de «actividades formativas o de esparcimiento» que permitiría aliviar la presión de los internos.

Con todo, tras el cambio de mandos a la actual supervisora, Luz Calvé, el magistrado indicó que muchas de esas carencias que había pedido subsanar «con la mayor urgencia» ya no eran tales. El principal temor por parte de instituciones y colectivos era repetir en los centros un episodio similar al del muelle de Arguineguín, cosa que asegura es difícil que vuelva a suceder.