La Fiscalía de Las Palmas refuerza el control para proteger a los menores migrantes y sus derechos

Canarias acoge en la actualidad a más de 5.800 menores migrantes. El incremento en los últimos años del número de niños y niñas que deciden emigrar en solitario huyendo del hambre, la pobreza y en búsqueda de un futuro mejor, ha hecho que en el archipiélago no se pueda dar una acogida digna a los mismos. A este número también se suman las familias que, junto a sus hijos, deciden partir porque no encuentran oportunidades en su país de origen. Todo ello ha derivado en que los servicios jurídicos y los de acogida se hayan visto desbordados.

Para evitar casos como el de la Casa del Mar, en Lanzarote, donde los chicos vivían en malas condiciones, se ha creado un nuevo servicio para aumentar la eficacia en la protección de los niños. Así, la Fiscalía provincial de Las Palmas ha puesto en marcha, en coordinación con la fiscal delegada autonómica de Extranjería, Teseida García, y la fiscal decana de Menores, Aurora Pérez el servicio de Protección de Menores no comunitarios en la provincia de Las Palmas.

Un equipo compuesto por cuatro fiscales se encargará, como hasta el momento, de las pruebas de determinación de la edad de estos chicos. Además, velarán por que se cumpla todo lo que engloba la protección de estos menores: su documentación, si están siguiendo cursos formativos o la inspección de los centros en los que están acogidos, entre otras tareas.

En este servicio no solo se incluye a los menores extranjeros que han emigrado en solitario, sino que también se atenderá a los que han viajado junto a sus familias pero que, por una razón u otra, necesitan protección.

La idea es que todos los menores no comunitarios sigan un mismo sistema de protección, no solo los menores extranjeros no acompañados que ahora llegan desde países de África, sino también puede ser para niños de otros lugares, como Ucrania, o que pudieran venir solos desde Iberoamérica. Así, para «ser más eficaces», se separa la protección de los niños españoles y comunitarios de los no comunitarios. «No es que las cosas se vayan a hacer de manera distinta, pero es cierto que los menores extranjeros no comunitarios tienen unas necesidades diferentes a las que podría tener un niño español», enfatiza García.

Según explica la delegada autonómica de la Fiscalía de Trata de Personas y Extranjería todo nace por el traspaso de competencias. En un principio, las pruebas de determinación de la edad de los menores extranjeros no acompañados eran tarea de la Fiscalía de Extranjería, pero la Sala de Menores determinó que esta pasaría a ser competencia de Menores. Hasta el momento había expedientes que los llevaba la Fiscalía de Extranjería y otros que los llevaba la Fiscalía de Menores.

Sin embargo, en la Fiscalía de Extranjería de la provincia de Las Palmas ya estaba consolidado un sistema para llevar a cabo las pruebas de edad, que funcionaba de manera óptima, y que era capaz de cubrir «las deficiencias» que podrían existir en los procedimientos. Hasta ahora, se tenía todo «bastante controlado», y se trabajaba en consonancia gracias a protocolos firmados con las ONG que «funcionan a la perfección». Por ello, se ha querido aprovechar todo ese «pozo de conocimiento» que se ha ido adquiriendo a lo largo de estos años. «No era eficaz que fiscales que no tienen conocimiento en la materia lo tuvieran que llevar», remarca García.

Según explica la fiscal, no cree que sea un servicio que tenga que estar «en todos los sitios», pero, dada la situación del archipiélago, es fundamental su existencia, por lo que se estudiará extenderlo a todas las islas.

• Temas
• Fiscalía Provincial de Las Palmas
• Gobierno de Canarias
• Cayucos
• Inmigración
• Menores