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Caso Mascarillas: un registro sin precedentes en Sanidad por las contradicciones entre Domínguez y PérezLa Fiscalía Europea ha solicitado al juez de garantías de la Audiencia Nacional que tutela sus actuaciones «autorización judicial para recabar toda la información de la que se disponga en los sistemas informáticos (incluidos servidores y nube o repositorios remotos y acceso a repositorios telemáticos de datos) de la entidad pública Gobierno de Canarias con sede en Avenida Juan XXIII 17, Las Palmas, que contenga información digital (correos electrónicos, archivos digitales, etc.) referidos a los funcionarios Ana María Pérez Alfonso y Conrado Domínguez Trujillo».
Esta diligencia es un paso más en la investigación del llamado caso Mascarillas, centrado en el contrato suscrito en 2022 por el que el Servicio Canario de la Salud (SCS) entregó 4 millones de euros a la empresa RR7 por un millón de mascarillas 3M, un material que nunca fue entregado ya que los cubrebocas que aterrizaron en las islas eran falsos.
Además, la Fiscalía Europea señala en su escrito -al que ha tenido acceso este periódico-, que el registro se extiende a «terceras personas físicas y jurídicas, respecto del iter, inicio y desarrollo en todas sus fases de los procedimientos administrativos» relacionados con la contratación entre el SCS y RR7 para el «suministro de material sanitario durante la emergencia covid-19, pudiendo recurrir al informático y/o administrador de sistemas del Gobierno de Canarias para que permita el acceso y copiado de la información anteriormente referida».
Asimismo, se solicita «la autorización para, en caso de ser necesario, el uso de las credenciales de autenticación de los investigados [... ]para el acceso y descarga de la información contenida en las aplicaciones informáticas de las cuales sean usuarios o a las que tengan acceso».
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En caso de ser autorizada la petición de la Fiscalía Europea por parte del juez de garantías, las instructoras solicitan «que se comunique a los investigados afectados, Conrado Domínguez y Ana María Pérez», para que estén presentes «durante su ejecución, indicándoles que si lo desean pueden acudir asistidos de letrado».
En cuanto a la práctica de la citada diligencia, «se interesa que sea autorizada para ser llevada a cabo en la forma y con los requisitos legalmente establecidos», es decir, las fiscales advierten al Ejecutivo autonómico cuándo van a hacer esta especie de entrada y registro en diferido en los edificios oficiales dos años después de haberse iniciado la investigación por el caso Mascarillas.
La obtención de la información se llevará a cabo desde las 8.00 horas del día 9 de mayo de 2024 y esta intervención será ejecutada por equipos conjuntos formados por agentes de la Policía Nacional del grupo instructor perteneciente a la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas, UDEF, así como del Grupo técnico operativo de la Unidad Central de Ciberdelincuencia.
Las fiscales basan su petición, entre otros argumentos, en la necesidad de esclarecer cuál fue el proceder exacto tanto del exdirector de Servicio Canario de Salud como de la que era la directora de Recursos Económicos de Sanidad.
Detecta esta parte una serie de «contradicciones» en las declaraciones que prestaron Domínguez y Afonso, al afirmar ésta que «actuaba de forma subordinada al primero y en cumplimiento de sus órdenes», mientras que Domínguez limitó «considerablemente su propia actuación», sostiene el decreto de la Fiscalía Europea.
A todo esto, cabe añadir para las fiscales la «imprecisión» que detectaron en cuanto a la «actuación real del Comité técnico de gestión de la emergencia sanitaria», las «divergencias en cuanto a la necesidad del pago anticipado del 100% del precio de las mascarillas» y lo que consideran una «absoluta opacidad» relativa a la «finalidad y destino del material» adquirido pero no recibido.
«Las afirmaciones realizadas por los investigados» en el procedimiento judicial «divergen de las realizadas por los testigos», es decir, las funcionarias del SCS que hicieron «cuestionar la existencia de desabastecimiento, la necesidad de la contratación con RR7 y la utilización del procedimiento de emergencia».
El segundo motivo que argumentaron las fiscales europeas para pedir esta diligencia fue que «si se observa el expediente, la contestación del Servicio Canario de Salud a los requerimientos recibidos se efectúa precisamente por el investigado Conrado Domínguez», todo ello -añade- en calidad de director del servicio «en el momento de la remisión».
Al haber «otra funcionaria investigada», cuya declaración fue contradictoria «a la de la persona que ha aportado la documentación», las fiscales quieren conocer «con cuanta precisión sea posible, cómo se ha desarrollado el iter procedimental».
Para las fiscales, es «imprescindible la práctica de la medida cuya autorización se solicita» al juez de garantías puesto que se investiga un contrato suscrito en una época en la que detectaron una «laxitud de formas en la contratación durante la emergencia covid-19, con el predominio de la actuación verbal y la ausencia de requisitos».
Teniendo en cuenta dicho planteamiento, el Ministerio Público entiende que «el expediente de contratación tiene que completarse con una información adicional, que nos permita conocer cómo fue realmente la actuación del Servicio Canario de Salud en relación con el contrato de suministro de RR7», además de saber con exactitud «cuál fue la participación de Conrado Domínguez Trujillo y Ana María Pérez Afonso en el desarrollo de los hechos denunciados».
Las investigadoras entienden que «previsiblemente en los correos corporativos se obtendrá toda la información relativa a las comunicaciones internas» en el seno del SCS, «entre sus miembros y en sus relaciones con terceras personas».
En el supuesto de «haberse procedido al borrado o destrucción de información», advierten que con esta entrada y registro en la sede del Gobierno de Canarias «también se conocería dicha circunstancia».
Por ley, «toda la información que pudiera recabarse se conserva en el ente público durante un plazo máximo de cinco años». Por este motivo, alertan las fiscales que, al tratarse de una contratación con RR7 relativa a 2020, «de no conservarse en el momento actual se perderá de forma definitiva, sin que exista posible acceso a ella transcurrido el plazo indicado de conservación».
El que fuera director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, pidió sin éxito a las fiscales europeas suspender su declaración en Madrid prevista para el día 6 de mayo.
El abogado José Antonio Choclán, conocido por haber defendido, entre otros, a Fernando Clavijo y a Miguel Ángel Ramírez, lleva la representación legal de Domínguez e interesó el aplazamiento de la declaración alegando que no tenía aún acceso íntegro a las actuaciones.
En concreto, Choclán advirtió a las fiscales Oihana Azcue Labayen y Gloria Yoshiko Kondo que aún no ha sido colgado en la plataforma digital del Ministerio Público europeo el informe definitivo de los teléfonos del investigado Rayco González.
En respuesta a la solicitud, las fiscales argumentaron que en esa cita del 6 de mayo les preguntarán «a la persona investigada si desea prestar declaración en ese momento», procediéndose en su caso «a la práctica de esta diligencia». Todo ello sin perjuicio de que, si así lo «consideran necesario», podrán solicitar que vaya a declarar nuevamente «en una fecha posterior».
Ishan Mahmoud, ilocalizable
Por otra parte, este lunes estaba citado el investigado Ishan Mahmoud Mohammed Al Sabbagh, representante de la empresa al que RR7 compró las mascarillas que resultaron ser falsas.
La Fiscalía Europea no ha conseguido localizarlo por lo que podrían seguir intentándolo o, incluso, ponerlo en busca y captura internacional.
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