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La Plataforma Solidaria Somos Red ha exigido a la Delegación del Gobierno de Canarias su intervención para dar respuesta a la situación de los 62 migrantes expulsados este viernes del recurso alojativo Canarias 50 por amenazas al personal de Cruz Roja que trabaja en el campamento. Los chicos habían pasado la noche del viernes junto al muro de la instalación «abrigados con mantas y cartones», y fueron asistidos tanto por voluntarios de la plataforma como por la comunidad de vecinos de La Isleta, que mostraron su solidaridad para paliar las adversas condiciones climáticas del fin de semana y la necesidad de comida y agua.
Sin embargo, la Policía Nacional tuvo que intervenir hasta en dos ocasiones al estar ocupando un espacio público. En un primer momento, en la tarde del sábado, se les indicó que debían abandonar el lugar, «ya que era un aparcamiento», por lo que se trasladaron a otra zona de La Isleta. Más de una treintena de personas volvieron a ser desalojadas ayer de la playa de El Confital, aunque no se ha confirmado si pertenecen al mismo grupo.
Por su parte, Cruz Roja ha mostrado su negativa a que sean readmitidos, pese a la petición de la mayoría de los que permanecían en la calle, que suplicaban «continuamente perdón» por lo sucedido. Somos Red denuncia, así, el comportamiento de Cruz Roja en la gestión del campamento, ya que considera que «se aleja bastante de los valores de solidaridad y asistencia humanitaria que promulgan defender», indican en una nota. Por este motivo, exigen la readmisión de los chicos antes de que se cumplan las 72 horas que la norma determina como límite para no ser dados de baja en un recurso humanitario.
En esta misma línea, la plataforma se dirige a la Delegación del Gobierno para que tome cartas en el asunto y obligue a la organización a ejercer su labor para que no deje «abocados y expuestos a una situación de calle a 62 chicos con la única protección de la solidaridad ciudadana». Desde la Delegación, en cambio, indican que si bien se están articulando acciones para evitar este tipo de situaciones, no pueden intervenir en el «libre» movimiento de las personas si estas abandonan voluntariamente un recurso de acogida. Una observación que apunta a que fueron los propios migrantes quienes, en un primer momento, pretendían desvincularse de la atención brindada en el campamento.
No es la primera vez que los acogidos en estas instalaciones alzan la voz por las condiciones a las que están sometidos. La pasada semana, otro grupo de unos 60 migrantes alojados en Las Raíces, en La Laguna, pasaron la noche en colchones fueran del centro quejándose de las condiciones de vida y del bloqueo al que estaban sometidos. En este caso, las quejas comenzaron cuando el grupo acogido en el Canarias 50 se negó a ocupar una nueva tienda, ubicada en otra fase del recurso, que se les había asignado con el fin de instalar módulos de alojamiento que mejoraran las condiciones de las anteriores. Según un comunicado de Cruz Roja, estos manifestaron su negativa porque «su única intención es continuar su trayecto migratorio a la península», mientras que la ONG estuvo tratando de mediar durante horas para convencerlos de que no rechazaran la ayuda.
Los migrantes, por su parte, niegan que quisieran abandonar el campamento y se quejan de que en cada tienda se agrupa un gran número sin respetar los protocolos de la covid-19.
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