El Estado rechaza cambiar la ley para acabar con la explotación privada de los acuíferos

El Ministerio de Transición Ecológica descarta instar a Canarias a adaptar la Ley de Aguas a la normativa estatal para adelantar a 2035 la finalización de los derechos de explotación privada de los acuíferos de las islas.

En respuesta a la diputada no adscrita del grupo mixto del Congreso Meri Pita, el Gobierno califica de «inexacta» la interpretación jurídica que hace la parlamentaria canaria y adelanta que «no considera necesario» realizar ningún requerimiento de adaptación normativa a la comunidad autónoma de Canarias en materia de aguas.

Pita planteó en el mes de junio una pregunta escrita al Gobierno en la que hace notar la «contradicción» que existe entre la Ley de Aguas canaria de 1990, que prolonga los derechos adquiridos de explotación privada de los acuíferos durante un plazo máximo de 75 años -que expiraría en 2065- y un posterior real decreto de 2001 que establece la transformación de derechos privados en concesionales y fija el plazo máximo en el año 2035.

A partir de esta potencial incoherencia legislativa, la diputada canaria solicitaba en su iniciativa al Gobierno que inste a Canarias a adaptar con carácter urgente lo establecido por el real decreto y se ajuste a la normativa estatal para liberar en 2035 los derechos adquiridos sobre las aguas.

En su respuesta, el Gobierno estatal recalca que la disposición transitoria del real decreto que hace referencia a la transformación de derechos privados en concesionales «no es aplicable a la comunidad autónoma de Canarias», porque la propia norma puntualiza que carece de efectos derogatorios sobre la legislación que se aplica en el archipiélago.

Pita, sin embargo, recuerda que el mismo real decreto dice que, a partir de su entrada en vigor, los artículos que definen el dominio publico estatal sí serán de aplicación en Canarias.

La adaptación de la norma para acortar la concesión de los derechos sobre el agua es, a su juicio, un paso esencial para primer paso para iniciar un trabajo de mayor calado en relación con la Ley de Aguas en Canarias, que califica de «atropello a la soberanía alimentaria». De lo contrario, recalca que «los derechos adquiridos por herencias desde la colonización tendrán secuestrados los acuíferos de las islas hasta el año 2065».

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