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El TSJC analizará si el caso Grúas vuelve al juzgado de La Laguna

El TSJC analizará si el caso Grúas vuelve al juzgado de La Laguna

La aprobación de nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias –que elimina la condición de aforados a sus diputados regionales–, podría provocar que el caso Grúas, en el que la Fiscalía de Canarias está a la espera de emitir un informe donde expondrá si el presidente del Gobierno autónomo Fernando Clavijo debe ser investigado o no, vuelva al Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna.

Jueves, 25 de octubre 2018, 09:00

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias apuntaban ayer que es un asunto que estudiarán de manera inmediata puesto que la puesta en marcha del nuevo Estatuto lleva aparejado que el procedimiento tiene que volver a ser instruido por el juzgado de La Laguna y no por el propio TSJC.

Hay que recordar que el caso Grúas se remonta al año 2003, cuando el actual presidente canario Fernando Clavijo, era concejal de Seguridad en el Ayuntamiento de La Laguna bajo el mandato de la ahora diputada nacional Ana Oramas. La clave del mismo radica en que, presuntamente, se concedió un préstamo y una prórroga ilegal a la empresa que tenía por aquel entonces la concesionaria de las grúas municipales en La Laguna, algunos de cuyos trabajadores eran conocidos de Fernando Clavijo.

Informe. El último informe que realizó en su momento el fiscal Santiago Sánchez cuando los hechos estaban siendo investigados por el Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna, apreciaba indicios de delito por parte del exalcalde y actual presidente autonómico. En concreto se refirió el Ministerio Público a los delitos de prevaricación y malversación. Pero al ostentar la condición de aforado, tendría que ser entonces el fiscal del TSJC Demetrio Pintado el que realizara un nuevo informe que aún no ha sido presentado, situación que podría no ser necesaria si el procedimiento regresa a Instrucción de La Laguna.

Hay que recordar que Canarias, con la aprobación del Estatuto, es la primera autonomía que elimina la condición de aforado a diputados y consejeros.

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