El tribunal que ve pasar el tiempo

En los tribunales de lo contencioso administrativo de Canarias no ocultan su decepción con el funcionamiento del Tribunal Administrativo de Contratos de la Comunidad Autónoma de Canarias, un órgano adscrito a la Consejería de Hacienda que nació en 2015 para fiscalizar las licitaciones públicas y evitar el colapso en sede judicial, pero que está generando más contenciosos por su demora y la frecuencia con que se ampara en su incompetencia ante los recursos que se le presentan.

Un exponente de esa situación es el tiempo transcurrido desde que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias sentenciara que el citado órgano autonómico tenía que revisar la actuación de Santiago Negrín: tres meses desde aquel fallo -que estimó parcialmente el recurso de Videoreport Canarias- y Pedro Gómez sigue sin resolver. Y esa demora está permitiendo a Santiago Negrín continuar con el trámite del concurso, hasta el punto de que la mesa de contratación designada por aquel ya ha abierto dos de los tres sobres de las ofertas presentadas.

En paralelo, Coalicion Canaria y el Partido Socialista aprovechan esa pasividad de Pedro Gómez para fortalecer a Santiago Negrín. Así, el martes se volverá a votar en el pleno del Parlamento la propuesta de Marta Cantero y Carmen Zamora como nuevas consejeras de RTVC. Precisan para ello 36 votos en esta cuarta y última votación y la insistencia en sacar adelante esa propuesta se explica con facilidad: con sus votos se acaba la precariedad de Negrín, que convocó el concurso al margen del Consejo Rector sabedor de que María Lorenzo y Alberto Padrón no le iban a dar respaldo a un pliego cargado de presuntas irregularidades.

CC y PSC se justifican argumentando que quieren abrir una nueva etapa en RTVC, pero esa excusa decae ante la realidad de que el mandato de Cantero y Zamora, si son elegidas, expirará a finales de abril, pues es en esa fecha cuando terminaba el de las consejeras a las que pretenden reemplazar (Marian Álvarez y María José Bravo de Laguna).

¿Qué margen de actuación tendrán en apenas mes y medio? Es evidente que ni sacar adelante un reglamento orgánico de RTVC, ni el Consejo Asesor, ni el Consejo de Informativos. Solo tendrán tiempo para bendecir, en Junta General de la sociedad Televisión Pública de Canarias, la adjudicación del concurso de informativos que resolverá Negrín en su calidad de órgano unipersonal de contratación.

Se habrá consumado así el plan, con el Tribunal Administrativo como pieza clave por su inacción.

En este punto cabe recordar lo que en diciembre sentenció el Tribunal Superior, que subrayó que no puede haber un órgano público libre de fiscalización y que advirtió expresamente de lo siguiente: “En la situación actual es evidente que el contrato no podrá desarrollarse ni tan siquiera desplegar sus efectos al no haber nadie que controle al poder adjudicador”, esto es, a Negrín.

En medios jurídicos y políticos ya se preguntan si es que Pedro Gómez ha optado por hacer caso omiso al Tribunal Administrativo, si es que su condición de órgano unipersonal -en otras autonomías se ha ido a la fórmula colegiada- le lleva a demorar por sistema las resoluciones o si es que, como órgano adscrito a la Consejería de Hacienda, sigue en este asunto la hoja de ruta del Gobierno de CC, la misma a la que se sumó el PSOE desde que Ángel Víctor Torres tomó las riendas del partido.

Como se recordará, al concurso de informativos se presentaron la empresas Nuntium TV, participada por Prensa Ibérica (editora de La Provincia y La Opinión de Tenerife) y Prisa (dueña, entre otros medios, de la Cadena Ser); Liquid Media, de Mediapro (del catalán Jaume Roures y con un fondo de inversión chino como accionista mayoritario), y Videoreport Canarias (participada por la editora de CANARIAS7).

Y Negrín enmienda a Gómez y al Gobierno

A la inacción de Pedro Gómez se ha sumado ahora el hecho de que el propio Santiago Negrín lo deja en entredicho, como también lo hace con el Gobierno de Fernando Clavijo y el pacto tácito entre CC y el PSOE. Como reveló este periódico el pasado domingo, Negrín reconoce ahora que sus contratos sí están sujetos al control del Tribunal Administrativo.

Así lo señala expresamente en la resolución del procedimiento negociado y sin publicidad por el que ha mantenido a Retevisión como transportista de la señal de la tele y la radio autonómicas.

Es decir, Negrín asume de repente que sí lo tutela un órgano que había concluido justo lo contrario y que había situado esa fiscalización de RTVC y sus sociedades en manos del Parlamento. Por su parte, los juristas de la Cámara también corrigieron a Pedro Gómez, al recordarle que el Parlamento ejerce un control político sobre RTVC, pero no revisa sus contrataciones.

Ese expediente de la señal lo resolvió Negrín en calidad de presidente del Consejo Rector de RTVC, pero sin contar nuevamente con los otros dos consejeros.

La ley permite prorrogar 9 meses

Si finalmente el Tribunal Administrativo que preside Pedro Gómez o el propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias decidieran suspender el concurso de informativos convocado por Negrin, habría tiempo para subsanar el procedimiento. Contrariamente a la tesis esgrimida por RTVC y quienes le dan a Negrín apoyo político y mediático, la legislación estatal sí permite, en casos excepcionales -como sería ése- una prórroga de nueve meses atendiendo a la importancia del servicio público que se presta y que podría quedar interrumpido.

El artículo 29.4 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo, permite esa prórroga.

El citado artículo dice que “cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato”.

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