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Aunque el informe de la Intervención General de la Comunidad Autónoma señalaba recientemente que la ejecución de Obras Públicas y Transportes es uno de los más bajos del Gobierno de Canarias y apenas alcanzaba el 20%, el titular del departamento, Pablo Rodríguez, asegura que el nivel de ejecución al finalizar este ejercicio rondará entre un 70% y un 75% del presupuesto. El consejero hace hincapié además en que los recursos que no se ejecuten en este ejercicio «no se perderán». El capítulo de inversiones reales de la Consejería suma unos 227 millones.
Rodríguez explica al respecto que, tras la aprobación del presupuesto estatal este verano, la Comunidad Autónoma ha negociado con Madrid que «la parte que no se pueda ejecutar, y que no esté nominada, se pueda acumular como parte de la deuda que el Estado tiene con Canarias, de tal manera que no se tengan que devolver estas partidas».
Sin embargo, y aunque señala que existe acuerdo con Fomento, quedan aún dos puntos de discusión en torno a varias partidas que fueron nominadas en los Presupuestos Generales del Estado «y que no tienen ni obra ni proyecto». Se trata de dos obras que fueron incluidas como enmiendas presentadas por Nueva Canarias (NC), según detalla Rodríguez. Estas iniciativas se refieren a la TF-5 -que no existe en el convenio vigente de carreteras- y otra nominada como túnel de Faneque, que tampoco corresponde a ninguna obra del convenio porque la que se registra es Agaete-El Risco, puntualiza el consejero-. En cualquier caso, agrega que tampoco se puede ejecutar este año porque el proyecto no está actualizado.
Pablo Rodríguez insiste en que se está negociando con el Ministerio de Fomento que el dinero destinado a estas dos obras vaya a la bolsa general del convenio «y pueda computar también como parte de la deuda».
El Consejo de Ministros debe autorizar, antes de final de año, la adenda que prorroga el actual convenio de carreteras durante tres años más. Mediante esta fórmula, el Gobierno de Canarias podrá recuperar el dinero adelantado en obras de carreteras entre los años 2012 y 2016 y que suma en torno a 400 millones de euros.
El consejero, Pablo Rodríguez, indica que el Ministerio de Fomento está ultimando con Hacienda la documentación que debe enviar al Consejo de Ministros para que autorice tanto esta adenda del convenio actual como el nuevo acuerdo plurianual.
En este sentido, puntualiza que la citada adenda tiene que estar firmada antes del 31 de diciembre, cuando expira el actual convenio, por lo que el margen de actuación es ya bastante limitado, puesto que sólo quedan tres sesiones del Consejo de Ministros antes de que finalice este ejercicio.
El objetivo, señala Rodríguez, es que con estos dos acuerdos Canarias pueda disponer de unas infraestructuras viarias «de calidad».
El nuevo convenio de carreteras entre Canarias y el Estado debe entrar en vigor el próximo uno de enero. Sin embargo, y a pesar de varios retrasos y de las garantías ofrecidas por el Ministerio de Fomento, aún no hay una fecha fijada para suscribirlo. La inversión que se prevé a través de este acuerdo para las vías isleñas es de unos 2.500 millones. El objetivo del consejero Pablo Rodríguez es que este nuevo convenio se apruebe al mismo tiempo que la adenda al convenio vigente, firmado en 2006 que finaliza este mes.
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