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Informes para levantar reparos
En su escrito ante la jueza lagunera, la fiscal María Farnés pide que se tome declaración en calidad de investigada a Rosario del Carmen Hernández, directora del Área de Seguridad Ciudadana y Movilidad, y a Rosa María Paz Pérez, jefa de sección de Planificación, Control y Tramitación, «cuyos informes son los que permitieron levantar los reparos del Interventor general del Ayuntamiento».
22 citaciones
Gustavo Matos, como testigo
María Farnés entiende que para completar la instrucción hay que oír en calidad de testigos a 22 personas. Se trata de Estanislao González, director de Hacienda y Servicios Económicos del Ayuntamiento; Ceferino José Marrero, director de la Asesoría Jurídica; Javier de la Cruz, tesorero del Ayuntamiento entre 1998 y 2010; Rosa María Paz, jefa de servicio de Seguridad Ciudadana y Movilidad; Pedro Campos; jefe del Servicio Administrativo de Movilidad del Cabildo; Manuel Ortega, director insular de Movilidad; Juan Ignacio Viciana, concejal lagunero; Gustavo Matos, igualmente concejal y diputado; José Luis Tacoronte, actual dueño de la empresa de grúas; José Padilla, adjudicatario inicialmente del servicio; siete antiguos trabajadores de la compañía; Sara Gómez, directora de Gestión económica y financiera; Marta Rodríguez, jefa de Contabilidad; al representante legal de la empresa municipal Muvisa; Isabel Cubas, para que declare sobre un informe con fecha de 20 de marzo de 2017; y escuchar nuevamente a Alejandro Cordero para que aclare manifestaciones anteriores ante la comisión de estudio municipal.
documentación adicional
Varias administraciones
Entiende la fiscal Anticorrupción que para completar la instrucción es preciso contar con documentación adicional. En concreto pide a la jueza que recabe de varias administraciones once peticiones de documentación. Afectan al Ayuntamiento lagunero, el Cabildo, Agencia Tributaria, y Delegación de la Seguridad Social.
En su escrito ante la jueza lagunera, la fiscal María Farnés pide que se tome declaración en calidad de investigada a Rosario del Carmen Hernández, directora del Área de Seguridad Ciudadana y Movilidad, y a Rosa María Paz Pérez, jefa de sección de Planificación, Control y Tramitación, «cuyos informes son los que permitieron levantar los reparos del Interventor general del Ayuntamiento».
María Farnés entiende que para completar la instrucción hay que oír en calidad de testigos a 22 personas. Se trata de Estanislao González, director de Hacienda y Servicios Económicos del Ayuntamiento; Ceferino José Marrero, director de la Asesoría Jurídica; Javier de la Cruz, tesorero del Ayuntamiento entre 1998 y 2010; Rosa María Paz, jefa de servicio de Seguridad Ciudadana y Movilidad; Pedro Campos; jefe del Servicio Administrativo de Movilidad del Cabildo; Manuel Ortega, director insular de Movilidad; Juan Ignacio Viciana, concejal lagunero; Gustavo Matos, igualmente concejal y diputado; José Luis Tacoronte, actual dueño de la empresa de grúas; José Padilla, adjudicatario inicialmente del servicio; siete antiguos trabajadores de la compañía; Sara Gómez, directora de Gestión económica y financiera; Marta Rodríguez, jefa de Contabilidad; al representante legal de la empresa municipal Muvisa; Isabel Cubas, para que declare sobre un informe con fecha de 20 de marzo de 2017; y escuchar nuevamente a Alejandro Cordero para que aclare manifestaciones anteriores ante la comisión de estudio municipal.
Entiende la fiscal Anticorrupción que para completar la instrucción es preciso contar con documentación adicional. En concreto pide a la jueza que recabe de varias administraciones once peticiones de documentación. Afectan al Ayuntamiento lagunero, el Cabildo, Agencia Tributaria, y Delegación de la Seguridad Social.
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