«Matices jurídicos» impiden congelar sobre la marcha las multas por la residencialización

El Gobierno de Canarias decidió ayer dejar sobre la mesa, para una próxima reunión, la aprobación del decreto ley que llevaba la Consejería de Turismo y dirigido a suspender las multas que están llegando a decenas de personas en los sures de las islas que están residiendo en apartamentos de uso turístico. Los servicios de la Inspección han levantado más de 3.000 actas y cada día siguen llegando más multas por incumplir la ley turística de 2013 y que obliga a estas personas a poner esos apartamentos en explotación turística y bajo la unidad de explotación.

Como señaló el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, el decreto no se aprobó debido a que a los servicios jurídicos les falta limar unos «matices» para dar el visto bueno a la norma. Desde la Consejería de Turismo se quitó hierro al asunto, si bien, fuentes próximas achacan esta decisión a «matices jurídicos» y al hecho de que suspender sanciones que ya están en marcha y en cumplimiento de una ley en vigor puede incurrir en irregularidades y contravenir el derecho.

Como se recordará, hace apenas quince días la consejera de Turismo, Jéssica de León, se abría, a petición del alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, a suspender estas multas a la espera de que se ordenara la legislación turística de Canarias -que va a ser objeto de una amplia actualización- y se aprobara en el Parlamento de Canarias la ley de la vivienda vacacional, que esta misma semana inicia su tramitación con el debate de su primera lectura.

El objetivo era calmar los ánimos de los ciudadanos (y votantes) afectados por las multas y «castigados de nuevo» con la ley de la vivienda vacacional, según señala Maribé Doreste, presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (Palt).

Como explica, la congelación de las sanciones anunciada hace unos días solo buscaba «bajar el suflé» y lograr que los afectados «estuvieran tranquilos» anta la tramitación de la ley de vivienda vacacional, que en su opinión, agrava lo que recoge la ley 2/2013 y que consideran la razón de sus males. Como explica, la futura norma del vacacional no solo les prohibe ejercer el alquiler turístico de sus propiedades cuando se residencialicen sino que también considera a bungalós y apartamentos «unidades alojativas» y no viviendas, dejando como único uso el turístico extrahotelero. «Nos echan de casa y sin ningún tipo de indemnización», afirma.

Para Doreste, la decisión del Gobierno de ayer de retrasar la congelación de las multas no ha asombrado a los afectados que consideran que esta medida es solo «un parche» y una «huida hacia adelante» para no resolver el problema de raíz. «El mismo esfuerzo que han destinado a redactar este decreto ley de suspensión de las multas lo podrían haber hecho para aprobar una disposición derogatoria de la ley 2/2013, que es inservible y que solo busca echar a los legítimos propietarios de sus casas, dejando el litoral canario en manos de unos pocos explotadores», indica.

Doreste afirma que todo lo que está ocurriendo con estos apartamentos es «incongruente» y advierte de que los afectados van a seguir luchando y peleando por sus viviendas y sus derechos. «Hace más de 40 años que residimos en estas casas y no vamos a dejar que nos echen», afirma tajante. Los propietarios en primer término están reclamando esas multas en la vía admimistrativa y, una vez que la respuesta es negativa, acuden a los tribunale. «No solo hablamos del coste de la sanción sino también de todo lo previo para reclamar», señala.

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