La suspensión de multas por la residencialización de zonas turísticas se queda en el aire

El Consejo de Gobierno de Canarias ha dejado este lunes sobre la mesa el decreto ley por el que se iban a suspender las sanciones impuestas a personas por residir en apartamentos de uso turístico.

El portavoz del ejecutivo canario, Alfonso Cabello, ha informado en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno de que la razón de este aplazamiento es que quedan pendientes «unos matices» por parte de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma.

El Gobierno de Canarias comenzó a dictar en 2023 las primeras sanciones contra los dueños de apartamentos de complejos turísticos que no quieren alquilarlos, sino usarlos como su casa o segunda residencia.

Sanciones cuya cuantía oscila entre los 2.000 y los 9.000 euros por infracciones «muy graves» de la legislación de Canarias, que obliga desde 2013 a dedicar esos inmuebles al uso turístico establecido por el planeamiento, por más que el afectado invoque su derecho a la propiedad para intentar darle un uso residencial.

Solo quedan libres de esa obligación aquellos que demuestren que hacen un uso residencial de su apartamento desde antes de 2017, una excepción que se introdujo pensando en el problema que se producía en islas como Gran Canaria, donde la propiedad de esos complejos vacacionales ha estado muy atomizada desde hace décadas y son muchos los dueños que no explotan su apartamento, sino que lo usan como primera o segunda residencia, incluso empadronándose.

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