El Consejo de Gobierno ha acordado este martes 11 de enero iniciar la tramitación del proyecto de Ley de Empleo Público de Canarias y actualizar nuestro marco legislativo autonómico en la materia.
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Nieves Lady Barreto, consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, ha apuntado que se trata de un «un paso más en la hoja de ruta para mejorar, actualizar y simplificar la administración pública con la iniciativa»
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Barreto explicó que esta iniciativa va a permitir que 40 años después Canarias vuelva a contar con una Ley de Empleo Público, en este caso sustituyendo a la Ley de Función Pública de 1987«.
«Una ley que actualiza nuestra administración que será reflejo de la sociedad actual que tenemos cumplir compromisos que durante 40 años han quedado postergados», apostilló la consejera.
Con esta iniciativa se da cumplimiento a la disposición final sexta del decreto-ley 7/2024, de 31 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, la gestión eficiente y la calidad en el empleo público de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, convalidado por el Parlamento de Canarias en sesión plenaria, el día 6 de septiembre de 2024.
En el decreto se estableció un plazo de los seis meses desde su entrada en vigor para que la Consejería competente en materia de función pública iniciará el procedimiento de elaboración y tramitación del Anteproyecto de la Ley de Empleo Público de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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La elaboración y tramitación de este anteproyecto de ley constituye uno de los retos normativos más importantes de la Consejería de Presidencia en la presente legislatura, ya que además de dotar a la Comunidad Autónoma de Canarias de un nuevo marco legal en materia de empleo público dejando atrás la hasta ahora vigente Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, con casi cuarenta años de vigencia, debe concitar el mayor consenso posible entre todos los agentes actuantes en un sistema jurídico especialmente complejo como es el de la regulación del empleo público.
Con este objetivo, en los próximos días se dictará una orden de esta Consejería estableciendo el diseño del proceso de participación que ha de seguirse en la tramitación del proyecto de ley. Los trabajos estarán coordinados por el Viceconsejero de Administraciones y Transparencia, correspondiendo a la Dirección General de la Función Pública el impulso de las actuaciones.
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Tal y como exige el citado decreto-ley y la legislación vigente en materia de iniciativas legislativas, este procedimiento debe estar presidido por la participación de la ciudadanía, de las organizaciones profesionales y sindicales, de las demás Administraciones Públicas de Canarias, incluidas las Universidades Canarias y del propio personal al servicio de las Administraciones Públicas de Canarias.
Consulta pública
De acuerdo con las exigencias legales, el procedimiento se iniciará mediante una consulta pública previa a la ciudadanía sobre la conveniencia y oportunidad de promover esta iniciativa legislativa y en la que las ciudadanas y los ciudadanos y los colectivos interesados podrán hacer las sugerencias y aportaciones que estimen oportunas.
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También se llevará a cabo un turno de consultas institucionales a las Administraciones Públicas de Canarias, a través de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y Federación Canaria de Islas (FECAI) y a las dos Universidades públicas de Canarias (ULPGC y ULL) para que puedan realizar las aportaciones previas que estimen oportunas.
Esta consulta previa también se hará con las organizaciones sindicales con representación en la Mesa General de Negociación del Empleo Público de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, sin perjuicio de la posterior negociación colectiva que se haga del texto que se proponga.
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Se constituirá un Comité Técnico cuya presidencia le corresponderá al Viceconsejero de Administraciones y Transparencia en la que participará personal al servicio de las Administraciones Públicas de Canarias, con experiencia profesional en el ámbito de la ordenación, planificación y gestión del empleo público.
Además, se garantizará la participación activa de las organizaciones sindicales conformando una Mesa Técnica Administración-Sindicatos, sin perjuicio de la negociación colectiva que finalmente se lleve a cabo en el seno de la Mesa General de Negociación.
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