Los detractores alegan que tiene afán recaudatorio y que no va a aumentar el reciclaje

Hasta la fecha los ayuntamientos podían cobrar menos del coste de la recogida, transporte y tratamiento de residuos. Una de las variaciones más significativas que introduce la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular es que la ciudadanía es la que ha de pagar íntegramente el servicio y vertido, de tal manera que no caben financiaciones parciales por parte de los ayuntamientos.

Para el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, se trata de un «tasazo que repercutirá directamente en el bolsillo de los españoles, que deberán pagar la falta de impulso de inversiones en infraestructuras de tratamiento de residuos».

Según expuso el consejero ante el Parlamento de Canarias, actualmente la tasa media de basuras cubre solo el 60% del coste total de la gestión de residuos, que asciende a unos 3.800 millones de euros anuales en toda España, por lo que «los ayuntamientos deberán ajustar la tasa para cubrir el coste completo, lo que implica un aumento significativo del recibo para el ciudadano».

Ya no se podrá tampoco, como se hace en algunos municipios, sufragar el servicio a través del recibo del IBI, con lo que la carga fiscal sube. Hernández Zapata asegura que de esta manera, además de perjudicar a la ciudadanía, hay «una clara invasión de las competencias locales y una falta de respeto a la política municipal».

Coincide el consejero con el diputado del PP Jacob Qadri en que con todo ello se va a producir una desincentivación del reciclaje. «Si cada inversión que se quiere realizar en la gestión de residuos municipales tiene que ser repercutida al ciudadano, dejarán de hacerse para no incrementar la factura a pagar por los vecinos. La nueva tasa, por tanto, «es un paso atrás en el cumplimiento de los objetivos de la economía circular».

La «inseguridad jurídica» es también alegada por administraciones locales y regionales. El diputado Jacob Qadri, que también es alcalde de Barlovento, municipio palmero de 2.000 habitantes, apunta que «es un abuso» que va a provocar, entre otras cosas, la subida de los alquileres de locales y viviendas, ya que probablemente los propietarios intentarán no asumir el coste de la tasa de basuras. Serán los inquilinos, generadores del residuo, los que habrán de pagar.

Además, señala Qadri que en el Ayuntamiento de Barlovento, que ya cobra tasa, no se va a materializar el aumento del 54% que calcula debe hacer por ley.

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