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La defensa del Régimen Económico y Fiscal (REF) y de las singularidades que en él se establecen para compensar el sobrecoste de la lejanía e insularidad ha marcado de forma determinante las relaciones de Canarias con el Gobierno estatal a lo largo de la legislatura autonómica que ahora acaba.
La particular interpretación del Ministerio de Hacienda de algunos preceptos del fuero isleño, especialmente en lo que respecta al diferencial fiscal de las islas, ha dado lugar a varios conflictos en estos cuatro años -alguno llegó hasta el Tribunal Constitucional-, solventados en su mayoría a través de posteriores procesos de negociación política no siempre fáciles.
La memoria de gestión de la Consejería de Hacienda del Gobierno canario, que este viernes presentaron el consejero Román Rodríguez y el viceconsejero Fermín Delgado, destaca que la defensa del REF ante las instancias estatales y europeas para salvaguardar las peculiaridades canarias «ha sido una prioridad» a la que se ha dedicado un notable esfuerzo en el marco de relaciones con el Estado.
Pese a las frecuentes diferencias de criterio con el departamento que dirige María Jesús Montero, Delgado calificó de positivo el balance, especialmente en lo que respecta a la participación de Canarias en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), en los que la inversión regionalizada (capítulos VI y VII) ha sido siempre superior a la media estatal.
También destacó el viceconsejero la resolución de los conflictos abiertos por los beneficios fiscales a las producciones cinematográficas, la ampliación de la ZEC -aunque dos años menos de lo que solicitó el Gobierno canario- o la exceptuación de Canarias de la imposición mínima del 15% a las grandes empresas aprobada a nivel estatal. Delgado valoró asimismo la resolución del convenio de carreteras, con el abono de la deuda estatal reconocida por el Tribuna Supremo.
Otras demandas del Gobierno canario no se plasmaron, como la materialización de la Reserva de Inversiones (RIC) en aplicaciones informáticas, y queda pendiente la ampliación del tope de deducción para las producciones audiovisuales, ahora fijado en 50 millones y que el Ejecutivo regional ha propuesto elevar.
En lo que respecta a la gestión de la Consejería de Hacienda en su conjunto, Román Rodríguez destacó por su parte el papel de lo público durante la legislatura para proteger a los sectores más vulnerables y a la economía frente a las sucesivas crisis originadas por la pandemia, la erupción volcánica de La Palma y la guerra de Ucrania. «En los últimos cuatro años se han captado más recursos que nunca y se ha ejecutado mejor que en etapas anteriores», señaló durante la presentación de la memoria.
A este respecto, recordó que el Ejecutivo habrá movilizado durante toda la legislatura unos 40.000 millones de euros, y precisó que hasta el 31 de diciembre de 2022 el Gobierno ha ejecutado 3.000 millones más de los consignados inicialmente en las leyes de Presupuestos.
En cuanto a la reforma del modelo de financiación autonómica, cuya vigencia culminó en 2014, Rodríguez lamentó que continúe siendo una asignatura pendiente y ha insistido en que Canarias defenderá que se tenga en cuenta el coste de la insularidad y criterios de renta.
Sobre la posibilidad de que a partir de 2024 vuelva a aplicarse la regla fiscal, el consejero de Hacienda señaló que su departamento trabaja en esa posibilidad y destacó que ni los cabildos ni los ayuntamientos soportarían una reducción de impuestos, por lo que su fiscalidad no se modificará.
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