¿Quién es culpable de que el ortopantomógrafo siga en una caja tras varios meses?

Hace dos años, la Unidad de Estimación Forense de la Edad de Las Palmas pidió un ortopantomógrafo para realizar pruebas de estimación de edad a los cientos de migrantes que llegan a las costas de Canarias y que están en duda de si son menores o mayores.

Cuando la compra estaba tramitada y el aparato llegó a las islas, según ha explicado la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, se decidió que la máquina se trasladara hasta Tenerife a raíz del repunte migratorio y de la llegada incesante de migrantes a las costas de El Hierro y como petición de la Fiscal Superior de Canarias, María Farnés. Se entendía, así, que esto mejoraría la operatividad en dicho centro y que evitaría retrasos en las pruebas de estimación de edad. La idea de la Fiscalía, en este caso, era que «todos los trámites se hicieran en el mismo lugar». Sin embargo, el sistema lleva meses en una caja sin ser instalado.

La justificación que se da desde la Consejería para explicar por qué no se ha instalado todavía el ortopantomógrafo es que los trabajadores del centro tinerfeño se niegan a hacerlo, ya que esta situación coincide con una huelga indefinida del personal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife. Este parón está motivado por la «mala distribución del trabajo y de los medios materiales» que existe en la actualidad en dicho centro, como explica la coordinadora del Sector Justicia en Canarias de CC.OO., Desirée Guevara.

Como se manifiesta desde la Consejería, tanto el diputado del Común, Rafael Yanes, como la Fiscal Superior, se desplazaron hasta el centro para verificar que las instalaciones eran las adecuadas para instalar el ortopantomógrafo. Sin embargo, desde el comité de huelga destacan que esto no es así, ya que en el mismo espacio donde se pretende instalar el aparto «se hacen las radiografías a cadáveres». Por tanto, alegan que no se ha colocado porque, de hacerlo, sería en una «zona sucia, de espacio reducido» y en la que no se podría evitar que los jóvenes vieran los cadáveres que allí entran.

Desde la Consejería explican que «como los forenses no quieren allí» el aparato, se ha gestionado con Sanidad la situación para remitirlo a un centro sanitario. De esta forma, el sistema se usaría allí con el fin de seguir adelante con las pruebas de determinación de edad pertinentes. CC.OO. alega que, tras un comunicado emitido este miércoles, aún no se han puesto en contacto con ellos para dar explicaciones.

Mientras tanto, en el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, donde, en un principio, se iba a instalar el aparato, apuntan que el objetivo original era lograr «hacer una valoración integral en la unidad, determinar qué pruebas hay que hacer y hacerlas sobre la marcha». Esto, explican, disminuiría los costes, ya que tras realizar un estudio de 1.200 casos determinaron que, en la mayoría, con hacer una de las pruebas era suficiente para estimar la edad. Además, también se salvaguardaría la salud de los niños y niñas al no tener que pasar por la radiación que suponen estos procesos. Con esta situación, la Consejería apunta que ya se ha tramitado una compra de un nuevo ortopantomógrafo para el centro de Las Palmas.

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