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La Red de solidaridad con las personas migrantes de Lanzarote ha denunciado ante la Fiscalía y el Defensor del Pueblo la situación en la que viven 32 menores migrantes en la isla de Lanzarote. El centro gestionado por la entidad Fundación Samu no tiene condiciones de salubridad ni de habitabilidad para albergar a nadie y mucho menos a menores.
Los hechos denunciados por esta organización social han sido confirmados este viernes por la fiscal de Extranjería de Las Palmas, Teseida García. La Fiscalía realizó una inspección al centro el 6 de mayo. «Tras evidenciar» las infracciones, la dirección del centro informó que en quince días cerraría. «Algo que por lo visto no han hecho», ha indicado este viernes García, que ya estudia las acciones a emprender.
El centro, según recoge el informe de la Red de migrantes se encuentra sucio con cables eléctricos sueltos, ventanas rotas, con pinturas escamadas, sofás viejos y rotos. Los fregaderos de la cocina están sucios, con hormigas y cucarachas y los baños denotan una falta de limpieza absoluta y no están aptos para su uso. La lavadora no funciona, los chicos no tienen sábanas y la ropa no se lava.
En cuanto a la comida, se la proporciona un catering que ofrece la mercantil Boanva Canarias pero se basa en pasta y pan y no hay verdura. Además, «a veces llega en mal estado, con pelos y cucarachas», como se recoge en el informe. «No hay ni un plato de lentejas, solo come pan duro que es su alimento principal», denuncia Loueila Sid Ahmed, una de las abogada que ha denunciado la situación que atraviesan los 32 menores que hoy residen en el centro, que tiene capacidad para 25 personas y que ha llegado a acoger a 64.
Los menores están en su mayoría sin escolarizar, muchos de ellos se pasan el día ociosos y abandonados. «La situación es muy preocupante», denuncia Loueila Sid, que tuvo conocimiento de la situación del centro por varios menores que no podían más y recurrieron a ayer a denunciar la situación. El centro no atiende a las adicciones y problemas de los chicos, algunos con depresiones agudas.
El botiquín, según se recoge en el informe no está cerrado con llave y contiene medicamentos. Los chicos pueden acceder con facilidad a medicamentos que son usados por algunos usuarios como droga, sin que nadie tome medidas.
Los chicos viven además en un estado de vigilancia y control asfixiante, donde imperan los castigos, según se recoge en el informe.
Como ejemplo de la escasa atención que reciben, el informe recoge que en febrero uno de los chicos falleció tras ser atropellado por un coche. A sus compañeros no se les ofreció ningún tipo de ayuda ni acompañamiento en el duelo. «Al personal se le dio la instrucción de no informarles sobre el desgraciado accidente. Los menores se enteraron por la prensa y fueron obligados a acudir al funeral. Luego tuvieron que hacer cómo si no hubiera pasado nada por miedo a sufrir represalias por su duelo», se indica.
Todos los extintores se encuentran debajo de una mesa en una misma sala que está cerrada con llave y una sola persona dispone de esta llave. No se sabe si estos extintores están en condiciones de funcionar adecuadamente en caso de incendio, se recoge en el informe de la Red de Migrantes. El día 14 de febrero de 2024 hubo un incendio en un pasillo del centro y durante horas los menores tuvieron que quedarse fuera del centro, sin poder moverse, pasando frío y hambre. «Cuando se fueron los bomberos, les indicaron que nadie tenía que pernoctar en la zona incendiada por los humos tóxicos aún presentes y, aun así, varios usuarios pasaron la noche en esta zona», se recoge en el informe.
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