El Consultivo avala la ley del alquiler vacacional aunque ve puntos de inseguridad jurídica

El Consejo Consultivo de Canarias ha dado el visto bueno al anteproyecto de ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas -la ley del alquiler vacacional- pero con bastantes matices. El dictamen tramitado con carácter de urgencia, que es preceptivo pero no vinculante, formula reparos y observaciones a una veintena de artículos y disposiciones y considera que algunos de ellos podrían generar inseguridad jurídica.

Este es el último trámite antes de que el Gobierno apruebe el proyecto de ley y lo envíe al Parlamento para iniciar su tramitación, que sería ya a partir del mes de febrero. El anteproyecto, elaborado por la Consejería de Turismo y Empleo, pretende aportar un marco normativo para regular el alquiler vacacional y que su implantación no perjudique a la ciudadanía, especialmente en el acceso a una vivienda, como ha reiterado la consejera Jessica de León. Sin embargo, las críticas surgidas en torno al texto desde su presentación, sobre todo por parte de entidades locales y propietarios afectados, ha generado que se hayan llevado a cabo varias modificaciones en este último año.

Uno de los aspectos que más polémica ha generado en el proceso de debate de esta norma, sobre todo por el rechazo de los ayuntamientos turísticos, tiene que ver con los porcentajes de reserva de suelo para uso residencial (fijados inicialmente en un 90% para todas las islas, excepto para La Palma, La Gomera y El Hierro, que sería de un 80%). Un cambio posterior ha permitido cambiar estas cifras, atendiendo a las circunstancias de cada municipio y su capacidad de carga. Sin embargo, el Consultivo entiende que al no establecer criterios o porcentajes mínimos «genera incertidumbre jurídica».

También se detiene el informe en la disposición transitoria primera, uno de los puntos que más preocupa a los alcaldes porque temen que pueda generar demandas y posteriores indemnizaciones que no están dispuestos a asumir. Este punto hace referencia a la declaración responsable del uso turístico consolidado de la vivienda y entiende que «no queda suficientemente claro si se refiere a viviendas no amparadas por el planeamiento o también la pueden presentar los propietarios de las viviendas cuyo uso turístico está habilitado por la ordenación urbanística».

Igualmente, el dictamen del órgano consultor da cuenta de que el anteproyecto de ley contiene algunas medidas que exceden las competencias autonómicas. En concreto hace referencia a las personas que realizan servicios en las viviendas vacacionales -tales como entrega de llaves, recepción de huéspedes, mantenimiento de las instalaciones, limpieza o facturación- que, según señala el texto, «quedarán sometidas a la legislación laboral». El Consultivo exige que no se generen dudas sobre la compatibilidad con la legislación laboral y apunta que en muchas ocasiones, estas actividades se llevan a cabo por familiares o personas vinculadas a los propietarios. En cualquier caso, indica que «corresponde al Estatuto de los Trabajadores y no al proyecto de ley definir las relaciones sometidas a su ámbito de aplicación, que además es de ámbito estatal», por lo que insta a la supresión de este punto de la redacción.

Igualmente, en el informe se señala que también «desborda» la competencia autonómica la obligación de traslado al registro de la propiedad de la declaración responsable de uso turístico, ya que esta entidad administrativa depende del Estado y por tanto esta medida no se ajusta al actual sistema jurídico inmobiliario registral español.

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