La gestación del contrato –que nunca se firmó por escrito– entre el Servicio Canario de Salud (SCS) y la empresa de compra y venta de coches RR7 United SL, fue laantítesis de lo que se espera de una negociación millonaria con una administración pública.No hubo comunicaciones por conductos oficiales, propuesta firme de venta de una mercancía con garantías y, mucho menos, comprobación de si la posible adjudicataria estaba habilitada para trabajar con el Gobierno de Canarias, si tenía conocimiento del mercado sanitario o solvencia económica para responder ante una posible eventualidad.
Todo nació, primero, y murió, después, por mensajes vía WhatsApp entre los intermediarios y los responsables públicos Conrado Domínguez y Ana María Pérez. Es más, el dueño de RR7 United, Rayco Rubén González, ni conocía a Domínguez hasta el punto de que Machín le envió un mensaje el 5 de mayo de 2020 con una foto y este texto:«Conrado es el más joven de los dos, para que le pongas cara», le escribió.
Según se desprende de las conversaciones que el intermediario/comisionista Samuel Machín entregó al fiscal Anticorrupción Javier Ródenas y que incluso había registrado ante notario, los contactos nacieron simplemente por la amistad que su compañero de trabajo en Herbalife Osvaldo Lastras tenía con el actual director del SCS.
Los intermediarios se movían para cerrar una operación grande
Tanto Lastras como Machín se dedicaban a buscar negocios de todo tipo y, como declaró este último, intentaban moverse «para cerrar alguna operación grande» utilizando los contactos que tenían ambos. «Se movían en muchos frentes buscando dar un pelotazo y, sobre todo, en esa época de pandemia con todo cerrado», detallaron a este periódico fuentes de la investigación.
De esta forma tan insólita pero simple a la vez nació el caso Mascarillas y fue la primera piedra para cerrar un negocio de, nada más y nada menos que cuatro millones de euros a cuenta del erario público, por unas mascarillas de la marca 3M y modelo 1960 que ni estaban en ese momento disponibles, ni tampoco llegaron después a los centros hospitalarios de las islas.
Lo único que aterrizó en el aeropuerto de Gran Canaria fue una partida de 910.080 cubrebocas procedentes de Etiopía, que supuestamente tuvieron su punto de partida en Alemania, pero como aseveraron los peritos de 3M, contaban con sellos falsos peruanos. Un auténtico despropósito por el que la adjudicataria pagó 2,65 millones de euros de los cuatro que se embolsó.
Pero este lote que tuvo que ser destruido por cuenta de RR7 United, aterrizó en la isla en marzo de 2021, nueve meses después de que esta «empresa fantasma» y «pirata» –como la calificaron las jefas de servicio de contratación del SCS– enviara a este organismo una factura simple y sin adornos por valor de cuatro millones de euros que cobraron en dos pagos: uno el 7 de agosto de 2020 y otro el 30 de octubre del mismo año.
Así de sencillo y en plena pandemia, con los hospitales a reventar de enfermos por el coronavirus y los sanitarios jugándosela cada día para atender a los pacientes con los escasos medios disponibles.
Cambio de tercio
Los mensajes optimistas de las primeras gestiones fueron cambiando de tono mientras iba pasando el tiempo y la mercancía seguía sin llegar. Pero esto no fue un obstáculo para que, ya iniciado el trámite de liquidación del acuerdo por parte del SCS debido al incumplimiento del mismo, Conrado Domínguez y el intermediario Samuel Machín negociaran la compra de un millón de vacunas Pfizer, una mercancía que superaría los 20 millones de euros de coste.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.