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Casi un mes después de las previsiones iniciales, el próximo 20 de mayo se constituirá la comisión de investigación Para analizar las responsabilidades políticasinherentes a la gestión de la contratación por el SCS de material sanitario para hacer frente a los efectos de la covid-19.
Esta iniciativa se pone en marcha después de que fuera aprobada por el pleno del Parlamento por unanimidad, a propuesta de Coalición Canaria y Partido Popular.
Aunque la intención de los grupos es que estuviera funcionando el pasado mes de abril, o como muy tarde tras el pleno de la pasada semana, la reunión de la Junta de Portavoces decidió que finalmente se celebre la sesión de constitución el día 20 a las 12 de la mañana.
Finalmente, y después de las diferencias entre los grupos del Gobierno y la oposición, la investigación quedará circunscrita a las compras realizadas por el Servicio Canario de Salud «de mutuo acuerdo de todos los grupos».
Aunque este fue el objeto de la iniciativa aprobada por el pleno de la Cámara, posteriormente PP y CC ampliaron la propuesta, lo que generó la protesta de PSOE y NC, que recordaron que la Junta de Portavoces no tiene potestad para modificar la decisión del Parlamento.
Los proponentes han destacaron que el objetivo de esta comisión es que se conozca qué ocurrió durante la pandemia, «qué se hizo y por qué» ante el «supuesto cúmulo de irregularidades» que ha costado a las arcas canarias casi 46 millones, expuso la diputada popular, Luz Reverón.
Por su parte, el representante nacionalista José Alberto Díaz Estébanez espera que esta comisión se desarrolle «sin cortapisas» y convoque «a quien crea necesario» en el objetivo de «encontrar responsabilidad política sin suplantar a los tribunales». Justificó la petición de esta comisión en las «muchas y graves irregularidades» observadas durante la emergencia sanitaria.
Aunque aún se desconoce quienes serán las personas llamadas a comparecer, ya que será una de las primeras decisiones que deba adoptar la comisión, el vicepresidente del Gobierno y presidente del Partido Popular, Manuel Domínguez, anunció que su formación llamara al expresidente del Gobierno y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres porque considera que debe comparecer «físicamente».
Tanto Torres como el PSOE han mostrado en todo momento su predisposición a colaborar en la investigación parlamentaria porque, tal como han reiterado hasta ahora, «no tenemos nada que esconder». Además, se han manifestado como los más interesados en que «se investigue a fondo (las posibles irregularidades) y, si hay algún implicado, que asuma las consecuencias».
El trabajo de la comisión de investigación se prolongará por espacio de seis meses, que podrá ampliarse en otros cuatro si fuera necesario. Los grupos parlamentarios dan por hecho que será necesario utilizar esa prórroga, al menos para las conclusiones y el debate del dictamen, toda vez que las comparecencias se tendrán que adecuar al horario de mañana y tarde.
Las personas llamadas a declarar ante la comisión de investigación tienen la obligación de acudir y pueden hacerlo acompañado de alguien que le «asista en su comparecencia».
Entre sus derechos, figura el de no declarar contra sí misma ni a declararse culpable de ilícito penal o administrativo, así como el derecho a su presunción de inocencia.
Además, según el reglamento aprobado para esta comisión, tiene el derecho a no contestar a las preguntas que le formulen los miembros de la Cámara y a solicitar el amparo de la Mesa si entienden que se están vulnerando sus derechos constitucionales. Entre sus obligaciones, está decir la verdad. En caso contrario, se le aplicarán las penas contempladas en el Código Penal.
La comisión de investigación contará con 17 miembros y estará conformada por seis representantes del PSOE, cuatro de CC y tres del PP, además de uno por cada una de las formaciones restantes. Con esta composición, los grupos del pacto CC y PP se aseguran tener la mayoría.
De entrada, existe un acuerdo previo para que el diputado del Grupo Mixto, Raúl Acosta (AH),presida la comisión atendiendo a su «talante tranquilo y razonable», además de su condición de abogado de profesión, según distintos portavoces. Le acompañarán en la mesa Gustavo Santana, por el PSOE y Luz Reverón por parte del PP.
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