El Gobierno de Pedro Sánchez está apurando el plazo reglamentario para autorizar el trámite de la proposición de ley del Parlamento de Canarias sobre el comercio triangular, que espera turno en el Congreso desde finales de septiembre.
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La Constitución otorga al Ejecutivo estatal capacidad de vetar la tramitación de aquellas iniciativas legislativas que supongan una disminución de los ingresos presupuestarios, pero si en el plazo de 30 días desde su publicación no manifiesta reparos -el de la propuesta canaria vence mañana 7 de noviembre a las 18.00 horas- se estima que da su conformidad y la iniciativa puede someterse a la toma en consideración del Congreso.
La proposición de ley de la Cámara autonómica, que contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios con la única excepción de Podemos, que se abstuvo, se impulsó para salvar las operaciones triangulares o de trading -en las que la mercancía no pasa por el territorio de la comunidad autónoma- de las entidades inscritas en la Zona Especial Canaria (ZEC).
Lo que plantea es restituir el tipo reducido del 4%del Impuesto de Sociedades que se aplicaba desde el año 2000 y que la Dirección General de Tributos del Estado eliminó en 2021, impidiendo también que nuevas empresa se inscriban para realizar operaciones de comercio triangular.
En tanto que la ley propuesta por Canarias se debate y entra en vigor, el Ministerio de Hacienda ha aceptado eliminar la actual interpretación restrictiva de la Dirección General de Tributos a través del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, actualmente en trámite en el Congreso, que de aprobarse entrará en vigor el 1 de enero.
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El Gobierno de Canarias ya ha emitido informe favorable a estos cambios que modifican el REF, pero la corrección incluida en los Presupuestos estatales no supone un freno a la iniciativa del Parlamento regional, que busca recuperar unas condiciones similares a las que el comercio triangular tenía antes de 2021.
Dos son las principales diferencias de contenido: en las cuentas estatales no se establece el carácter retroactivo de la modificación -algo a lo que el Ministerio de Hacienda se opone frontalmente- y se impone a las empresas que hagan operaciones de comercio triangular a realicen el 90% del gasto en Canarias, frente al 60% de la iniciativa autonómica.
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La disposición final incluida en los Presupuestos Generales del Estado da en todo caso continuidad y seguridad jurídica al comercio triangular en el marco del a ZEC, con la condición de que las sociedades adscritas mantengan la mayor parte de sus estructuras en Canarias y contraten a sus equipos en el ámbito local, aunque las mercancías no pasen por las islas.
Otro de los aspectos que se incorporan a las cuentas estatales de 2023 para aportar seguridad y garantías jurídicas al comercio triangular es que se excluye de forma explícita de los beneficios fiscales a las operaciones de tipo financiero y a todas aquellas que tengan alguna conexión con paraísos fiscales.
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