Colectivos ecologistas advierten de la «caótica» implantación de las renovables en Canarias

Este martes acabó el plazo de consulta pública de la propuesta del decreto para la identificación de Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) en Canarias, un texto contra el que han alegado varias asociaciones ecologistas de las islas. A su juicio, la implantación de las energías renovables en el archipiélago está siendo «caótica», y esta nueva norma, que pretende agilizar los trámites para la instalaciones de parques fotovoltáicos o eólicos, contribuirá a ello.

Uno de los problemas, señala Daniel González, del Colectivo Tamaranae, es que «hasta ahora lo que ha existido es barra libre para que grandes empresas instalen parques fotovoltáicos eólicos así como el resto de infraestructuras que llevan aparejadas», y ha sido así, resalta, «porque la mayoría de proyectos se aprueban bajo la figura del interés general y aunque las administraciones insulares o servicios del Gobierno de Canarias informen desfavorablemente, con esa figura da igual la normativa y terminan por aprobarlos».

Ahora, con el proyecto de decreto, a cuyas alegaciones se han sumado, además del Colectivo Tamaranae, Turcón y la Federación Ben Magec Ecologistas en Acción, se pretende «que haya grandes áreas en el archipiélago donde la burocracia desaparezca».

Las organizaciones ecologistas denuncian que se esta «causando un daño irreversible al territorio, la biodiversidad y la población», y critican que no exista una planificación «adecuada ni garantías de sostenibilidad».

Y, aunque el propio proyecto recoge que las zonas ZAR excluirán «los espacios integrantes de la Red Natura 2000, así como los Espacios Naturales Protegidos» así como «las principales rutas de migración de aves y zonas identificadas mediante mapas de sensibilidad», los colectivos ecologistas recuerdan que ya hay zonas de interés afectadas. Como ejemplo, dice González, Juncalillo del Sur, en Gran Canaria. «Es la única zona de especial protección (ZEPA) de la costa y, además, zona de especial de conservación (ZEC) y dentro de la Red Canaria es «sitio de interés científico». Sin embargo, «está rodeado por fotovoltáica y eólica» siendo un lugar de interés para la bifauna. De hecho, el sector Juncalillo del Sur-Aldea Blanca alberga el 24% de todos los ejemplares de aves esteparias de la isla y en el caso de la terrera marismeña el 37%, informa el estudio de la Consejería de Medio Ambiente por el que en 2006 se declaró sitio de interés científico.

González recuerda que «toda la plataforma del sureste desde el aeropuerto hasta Tarajalillo» en Gran Canaria «es de muchísimo interés para las aves estepáreas por el ambiente desértico» y primero se utilizo para «el tomate» y ahora se explota «con las renovables» y era de los «poquitos reductos» que le quedaban a la «hubara canaria», la mayor ave endémica de Canarias, que ya solo queda en Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa.

González explica que el impacto de la implantación de parques fotovoltáicos comienza cuando «se pasa la maquinaria y se arrasa vegetación de la superficie», lo que tiene un efecto indirecto en la fauna, porque esas zonas tiene vegetación que es alimento de las aves o de los invertebrados de los que se alimentan. Pero, además, como el polvo afecta a las plazas, «le echan una superficie de grava que evita que la vegetación vuelva a crecer». Con la eólica, el trasiego de maquinaria para montar los aerogeneradores y para su mantenimiento incide directamente en el terreno.

Según el proyecto de decreto de las ZAR, entre los objetivos que se buscan se encuentra «promover la sostenibilidad ambiental y social asegurando que las ZAR sean compatibles con criterios ambientales, territoriales y sociales, protegiendo la biodiversidad y priorizando el uso de superficies artificiales o alteradas para minimizar el impacto ecológico». González denuncia que las administraciones públicas no mantienen al día los catálogo de especies amenazadas ni la población existente, con lo que su presencia no está constatada. De ahí que teman que se den permisos sin garantías de que realmente se vele por la biodiversidad.

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