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Respaldo con matices. La reunión convocada por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con los portavoces parlamentarios para cerrar un frente común y exigir ante Madrid la flexibilización de la regla de gasto concluyó con la predisposición de los grupos a alcanzar un acuerdo aunque condicionado a que el Gobierno defina las opciones jurídicas que tiene la comunidad.
El objetivo es que Canarias pueda utilizar los 283 millones extra que le corresponde por la liquidación del Estado de 2022 a incrementar su presupuesto en servicios públicos esenciales y no a pagar deuda como establece la ley.
En esta primera toma de contacto, el presidente planteó la posibilidad de reclamar una modificación legislativa de tal manera que se pueda aplicar esta flexibilización de la regla de gasto a las comunidades que estén saneadas. La propuesta del Ejecutivo autonómico pasa por negociar este cambio en los presupuestos generales del Estado para 2024, mientras que la oposición pretende ir a la ley de estabilidad«matriz de esta injusticia», como señaló el parlamentario de Nueva Canarias (NC), Luis Campos.
En el encuentro, los grupos también fueron informados sobre la condonación de la deuda después del acuerdo alcanzado entre el PSOE y Esquerra para la investidura de Pedro Sánchez, un asunto que para Canarias no es tan importante como la regla de gasto porque su deuda es baja.
Respecto a la propuesta de flexibilizar la regla de gasto, el portavoz de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, indicó que se trataría de trasladar una fórmula similar a la que el Estado ha negociado con la Unión Europea para establecer nuevos criterios a este respecto. Uno de ellos, explicó, son las «sendas individuales con baremos comunes, y quien las cumple se puede acoger, igual que antes del covid», aunque reconoció que esta posibilidad está aún en «estado embrionario».
Por su parte, el dirigente socialista Sebastián Franquis expuso al presidente la disposición de su grupo para llevar a cabo estos encuentros y «analizar los problemas de Canarias», pero advirtió que «no se deben confundir con conseguir acuerdos solo cuando le interesan al Gobierno».
Apostilló que el Estado aplica la ley de estabilidad y la regla de gasto «aprobada por el PP, porque es su primera responsabilidad». Por eso, entiende que «sería bueno» que se encargara un estudio en términos jurídicos «más que políticos» para analizar la posibilidad de esta modificación de la ley de estabilidad.
Recordó que el cambio «necesita el apoyo de muchas fuerzas políticas porque es una ley orgánica» que trasciende la responsabilidad del Parlamento de Canarias. A su juicio, esta iniciativa se debería trasladar a las Cortes y evaluar «si tecnicamente es posible».
El PSOE defiende que «todos los recursos públicos son importantes» para Canarias pero no respaldará al Gobierno si el objetivo final es bajar impuestos.
Además, dijo Franquis, su formación «cree en la política útil» que mejora la vida de los ciudadanos y en ese camino «estará el PSOE, pero no lo encontrarán si se pretende un frente común contra el Gobierno de España, que aplica una ley que aprobaron otros».
En términos similares se expresó Luis Campos (NC), quien puntualizó que su partido ya se opuso a la aprobación de la ley de estabilidad por considerarla «injusta» al tratar a todas las comunidades por igual.
Sin embargo, e igual que Franquis, indicó que formarán parte del consenso, pero no estarán en la confrontación contra el Gobierno de España ni en la acusación de «falta de voluntad política» porque lo que está haciendo el Ejecutivo central es «cumplir la ley».
Vox seguirá «luchando» para que no haya condonación de la deuda porque «no se puede negociar con delincuentes y dar por válido el despilfarro de Cataluña para seguir en el poder», señaló su portavoz.
Los portavoces del PSOE y NC, Sebastián Franquis y Luis Campos, respaldan la propuesta del Gobierno de Canarias de intentar modificar la ley de sostenibilidad «injusta» siempre y cuando la flexibilización de la regla de gasto vaya encaminada a mejorar y consolidar los servicios esenciales y no a rebajar impuestos. Igualmente, estas dos formaciones reclaman que esta posibilidad se aplique igualmente a las entidades locales porque en la mayoría de los casos, dijo Campos, tienen deuda cero y por tanto, el dinero se quedaría «parado en los bancos», posición que también compartió Casimiro Curbelo (ASG).
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