Clavijo y Montero fijarán este lunes la ficha financiera para el reparto de menores en una reunión «vital»

La reunión de este lunes entre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno de España, María Jesús Montero, tiene que ser «decisiva» para la derivación extraordinaria de 4.000 menores migrantes acogidos por Canarias y 400 que están en Ceuta.

En el encuentro, que estaba previsto para febrero pero que fue aplazado por Montero por motivos de salud, se espera cerrar una de las dos cuentas que quedan pendientes para que se materialice esta medida que busca aliviar la presión en la red de acogida del archipiélago. La otra cuestión por resolver es la elección de la vía legal para materializar la derivación: el decreto ley (lo que defiende Canarias) o la proposición de ley (mecanismo que propone el Estado). Desde hace más de un mes esta cuestión está en manos de un informe de la Abogacía del Estado. Para el Ejecutivo canario, como remarca su portavoz, Alfonso Cabello, es «vital» el resultado de esta reunión, y puede que sea la cuestión «más importante» de las dos que quedan pendientes.

Según explica Cabello, los textos que el Ejecutivo canario ha facilitado al Gobierno de España para su análisis introducen el término de «financiación suficiente» para que cada comunidad autónoma pueda garantizar una atención digna para estos niños y niñas que han emigrado sin la compañía de un familiar que pueda hacerse cargo de ellos. Un aspecto que tendrán que cerrar «específicamente» en el encuentro de este lunes.

Cabello remarca que el presupuesto por niño en cada comunidad oscila «entre los 100 y 140 euros» por día, puesto que, para fijar esa cuantía, se debe tener en cuenta las características y la realidad de cada comunidad autónoma.

La distribución de estos niños y niñas se hará en base a criterios como la población, el PIB de cada comunidad, la tasa de desempleo y el número de menores que han acogido con antelación las regiones. Además, para determinar la financiación que le corresponde a cada territorio, también se analizará la edad de los chicos, puesto que, como añade Cabello, «no va a ser el mismo tiempo de acogida el de un niño de unos nueve años que otro que tiene 16».

El archipiélago lleva más de un año detrás de la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería, su plan inicial, para hacer obligatoria la derivación a otras comunidades autónomas de los menores acogidos por los territorios con su red de acogida saturada, como es el caso de Canarias. Sin embargo, los votos en contra del Partido Popular, Junts y Vox en el Congreso de los Diputados en julio del año pasado tumbaron la toma en consideración de la reforma de la ley.

Por ello, Canarias propuso, junto a País Vasco, en diciembre del año pasado, esta distribución puntual que «descomprimiría la red de acogida» para poder dar una atención digna a estos jóvenes. El portavoz del Ejecutivo autonómico sostiene que la medida «no arregla el problema», por lo que se plantearán tomar otra serie de medidas si no se avanza en la financiación este lunes.

Toda esta situación ha llevado a que Canarias prorrogue su declaración de emergencia en materia de menores migrantes, lo que permite que se puedan agilizar los trámites administrativos para que los centros permanezcan abiertos. El archipiélago ha pasado de tener 39 recursos disponibles en 2023 a los 88 actuales, y se está buscando abrir dos más. «Los menores siguen llegando, seguimos con los centros saturados, y los chicos siguen sin salir. Todo es insuficiente», sentencia Cabello.

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