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Reforzar los servicios sociales es la prioridad del Gobierno de Canarias, que además tiene como objetivo cumplir las reglas fiscales. Se trata de un documento prudente cuyo gasto no financiero asciende a 11.678 millones, explicó la consejera de Hacienda, Matilde Asián.
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A pesar de no conocer la senda de consolidación fiscal para 2025, Canarias ha elaborado unas cuentas encaminadas a cumplir con la estabilidad presupuestaria, la deuda pública, la regla del gasto y el saldo estructural. Para ello, ha fijado como base el plan presupuestario 2023-2027, que exige un superávit del 0,1 % para las autonomías
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Las previsiones macroeconómicas para el próximo año reflejan una ralentización del crecimiento del PIB hasta un 1,9%, frente al 3,3% estimado por el Gobierno para 2024. Asimismo, se contempla que la tasa de paro baje ligeramente y se sitúe en un 14,3%, mientras que la inflación, que sigue creciendo aunque se modera, estará en un 2,5%.
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La apuesta del Ejecutivo canario por reforzar los servicios esenciales se saldan con un porcentaje del 72% del presupuesto para los departamentos de de Sanidad, Educación y Bienestar Social, que en conjunto crecen en torno a 500 millones de euros, según recoge el proyecto de ley aprobado este jueves por el Consejo.
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En este sentido, el Servicio Canario de Salud (SCS) verá incrementados sus presupuestos en 220 millones de euros (5,04%), mientras que Educación crece un 2,93% hasta alcanzar los 2.154 millones y Bienestar Social tendrá en su haber un total de 761 millones, lo que significa 56 millones más respecto al actual ejercicio (8,37%).
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El departamento que dirige Pablo Rodríguez es el único que ve descender sus fondos el próximo año. En total, serán 84 millones menos (16,63%) sobre el presupuesto de 2024 porque, tal como explicaron Cabello y Asián, las aportaciones anuales correspondientes al convenio de carreteras y desaparecen fondos europeos del MRR.
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Por el contrario, y en línea con el interés del Gobierno por medidas que faciliten el acceso a la vivienda, el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) es el organismo que, porcentualmente, registra un mayor incremento de sus partidas. En total, subirá un 11,15% hasta situarse en los 171 millones frente a los 154 millones de 2024.
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Las operaciones de capital (capítulo VI y VII) experimentarán durante el próximo ejercicio una ligera bajada, basicamente por la reducción de las transferencias de capital, que 'pierden' algo más de 32 millones (3,72%) sobre las cuentas de 2024. Las inversiones reales suben en 44 millones (4,32%) hasta situarse en los 1.063 millones.
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El capítulo 1 (Personal) se verá incrementado en casi 237 millones (5,32%) al subir de los 4.455 millones de este ejercicio a los 4.692 que registrará el próximo año. La nómina de los empleados públicos de la comunidad autónoma es absorbida fundamentalmente por el personal que trabaja en Sanidad y en Educación.
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En 31 millones de euros se reducen las transferencias corrientes (Capítulo IV) porque, explica la Consejería de Hacienda, la financiación de Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias para a realizarse a través del capítulo II (Gastos corrientes) que ve incrementadas sus partidas en casi un 9% (150 millones).
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