El chalet de Ábalos fue el premio a los contratos que incluyeron 12,5 millones en Canarias

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta en su último informe remitido al juez instructor del llamado caso Koldo que el hoy diputado y entonces ministro José Luis Ábalos llegó a «disponer» del chalet 'La Alcaidesa' -situado en La Línea de la Concepción- como premio por los contratos millonarios conseguidos en diferentes administraciones públicas por l a empresa Soluciones de Gestión. Dicha sociedad vendió material sanitario al Servicio Canario de la Salud por importe de 12,5 millones de euros durante la pandemia.

Esos contratos están siendo investigados por la Fiscalía Europea al haberse endosado el pago a fondos comunitarios.

En concreto, Soluciones de Gestión suscribió cuatro contratos con la administración autonómica durante la Presidencia de Ángel Víctor Torres: el primero de dichos contratos se firmó para el suministro de 837.300 mascarillas KN95 y 555.000 mascarillas FFP2 por 2.095.018 euros; el segundo se adjudicó en concepto de transporte, fletes aéreos y seguros de transporte de mascarillas por 447.061 euros; el tercer contrato fue de 4,7 millones de euros para comprar mascarillas FFP2 y el cuarto ascendió a 5 millones de euros para el suministro de mascarillas KN95.

El Gobierno canario fue la segunda administración que más dinero entregó a Soluciones de Gestión, que llegó recomendada por Ábalos y Koldo García tras conseguir contratos del Ministerio de Fomento y de Interior.

Con el Gobierno balear facturó 3,7 millones de euros. A Puertos del Estado (dependiente de Fomento), le vendió material por 24 millones de euros; al gestor ferroviario Adif, por 12,5 millones y a Interior por 3,7 millones.

La UCO destaca que Ábalos pudo incluso poner «en alquiler [el chalet] y poder obtener así rendimientos económicos». Esa propiedad, señalan, fue adquirida por Víctor de Aldama -intermediario de la presunta trama corrupta- por valor de 526.000 euros empleando sociedades presuntamente controladas por Claudio Rivas, socio del empresario.

El informe revela que la empresa titular de la casa, Have Got Time, envió a Ábalos un burofax en el que le reclamaba el pago de varias mensualidades. Esa reclamación se produjo cuando Ábalos ya había sido destituido por Pedro Sánchez.

Koldo García, que fue asesor del ministro, contactó con Aldama para quejarse por esa reclamación al exministro. «Esto ya es la ostia [sic]», le escribió.

«Se colige por tanto que el verdadero responsable de efectuar el pago de esas mensualidades no atendidas podría no ser Ábalos sino el propio Aldama a través de alguien de su esfera de control», argumentan los agentes.

La adquisición de ese chalet llegó después de que Ábalos enviase a su entonces asesor «de manera general y sin contexto enlaces de inmuebles», todos ellos «de similares características: chalets independientes ubicados en localidades costeras de la provincia de Málaga o Cádiz».

Entre las anotaciones requisadas por la UCO a Aldama se encontraron dos notas: en una, aparece la cifra de 2 millones junto al nombre 'El Gran'. Los agentes consideran que 'El Gran' podría ser 'Grandullón', «en referencia a Koldo».

La otra anotación es 500.000, junto con las palabras 'casa' y 'Goblins'. «De lo que se deduce que el propio Aldama tenía considerado entre sus gastos un inmueble de un valor de en torno a 500.000 euros vinculado a alguien a quien denominaba Goblins», apunta la Guardia Civil.

Asimismo, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha hallado «evidencias» de que Víctor de Aldama, en su condición de presunto «testaferro», pagó 82.298 euros para alquilar un piso en Plaza de España, Madrid, en el que residía J.R.G., pareja del exministro José Luis Ábalos.

Los agentes explican que, del total de 88.101 euros abonados en concepto del alquiler, el empresario Víctor de Aldama cubrió a través de ese testaferro los 82.298 euros.

La UCO también explica que, entre 2018 y 2022, Ábalos «mantendría una relación particular» con una mujer, J.R.G, que fue la que disfrutó del inmueble.

De las conversaciones intervenidas, los investigadores señalan que en ese periodo ella llegó a recordarle a Ábalos que su contrato laboral con Ineco -empresa dependiente del Ministerio de Transportes- expiraba en unos días. En 2021 estuvo por seis meses en la empresa pública Tragsatec, dependiente de la Sepi. «Este contrato fue enviado por J.R.G. A Koldo» en junio de ese año.

«Habiendo contextualizado la relación personal y profesional de J.R.G., se han hallado evidencias de que de manera simultánea a la duración de sus contratos, J.R.G. se encontraba residiendo en una vivienda sita en la Plaza de España», apuntan los agentes.

En el marco del informe, los investigadores precisan que, según la inmobiliaria, se pagó el alquiler de marzo de 2019 a septiembre de 2021, pero J.R.G. continuó viviendo en ese inmueble hasta finales de marzo de 2022.

«La observación de la información aportada por la inmobiliaria evidencia que el pago del alquiler del inmueble en el que residía J.R.G., vinculada de manera muy personal a Ábalos, era responsabilidad de Aldama, ya un año antes de las adjudicaciones públicas que dieron origen a la investigación. Este se valió de las personas y sociedades bajo su control, en este caso de su presunto testaferro», añaden los agentes en el informe remitido este mes al juez instructor.

• Temas
• José Luis Ábalos
• Canarias
• La Línea de la Concepción
• Caso Koldo
• Caso Mascarillas