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La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha manifestado su inquietud ante la inminente reactivación de las deportaciones a Marruecos. Una actividad que, a su juicio, responde más a la política de control fronterizo que vienen los territorios europeos que una visión centrada en los Derechos Humanos. «Nos preocupa porque entendemos que, antes de proceder a los trámites, hay que ser muy rigurosos con la asistencia jurídica individualizada de todas las personas que llegan para garantizar la protección de los solicitantes de asilo», explica Juan Carlos Lorenzo, coordinador de CEAR.
Si bien no es partidario de las deportaciones, también reconoce que forman parte de la política migratoria actual. Es por ello que los esfuerzos de la ONG van encaminados a propiciar un cambio de estrategia centrado en la movilidad de las personas y que refleje un contexto poliédrico.
«Está claro que las deportaciones no son disuasorias -ya han fallado en el pasado- así que igual deberíamos plantearnos otro tipo de respuestas para un fenómeno que es estructural», añade.
Según el último balance del Ministerio del Interior, la media mensual de llegadas a las costas canarias desde el pasado de septiembre se mantiene por encima de las 3.000 personas. En lo que va de año, la cifra duplica la que se contabilizó durante el mismo periodo en 2021 y, sin embargo, Lorenzo reconoce que la situación ha mejorado.
Para CEAR, que el nivel de fragilidad sea menor solo se explica por el hecho de que se han estabilizado las estructuras alojativas, se han especializado recursos para colectivos de especial vulnerabilidad como mujeres y menores y se han introducido los traslados periódicos regulares a Península. «El desorden y la sobredimensión que había antes había invisibilizado los Derechos Humanos, pero todo eso ha permitido un mayor oxígeno», reconoce Lorenzo.
Sin embargo, insiste en que esta política no es sostenible. Por un lado, porque el ritmo de las deportaciones no compensa el de llegadas: la frecuencia de vuelos permitiría desplazar 80 personas al mes si Rabat, que solo aceptaría ciudadanos marroquíes, confirmara el preacuerdo con España. Por otro, el Plan Canarias, orientado a la retención de los migrantes en campamentos, no recoge estrategias de inclusión.
Con la mirada puesta, también, en el conflicto en Ucrania y la activación de la Directiva de Protección Temporal a los refugiados, CEAR no prevé que el aluvión de trámites generen atascos en las solicitudes de los migrantes. «Se trata de procedimientos diferentes, ya que las de los ucranianos irán por otra vía de urgencia e, incluso, podrían acceder al margen a la protección internacional».
A pesar de que la tendencia en los últimos meses ha virado hacia rutas más al norte de África, con mayor presencia de mujeres y menores, la procedencia de personas de países en conflicto y otros susceptibles de pedir asilo no ha variado, asegura.
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