CC y PSC conviven en el Cabildo de Tenerife con el pacto en tensión

Coalición Canaria (CC) y Partido Socialista Canario (PSC) se sacaron las uñas ayer pero ninguno de los dos se atrevieron a dar por roto el pacto que les une desde que comenzó la legislatura en el Cabildo Insular de Tenerife.

Al Pleno, ambos grupos llevaron varios temas que han generado tensión entre ellos: abogar por la devolución de los presupuestos generales del Estado, el convenio de las viviendas en Las Chumberas y el intento de compra del edificio propiedad de Antonio Plasencia, empresario condenado por corrupción en los casos de Las Teresitas y los áridos de Güímar. Pero el pacto pudo encajar los reproches «más duros de este mandato», según observaron algunos presentes, como la vicesecretaria de Acción Política del PSC, Nira Fierro.

En estas aguas revueltas, el Partido Popular (PP) salió ganando. Le fue más fácil dejarse seducir por CC al votar el rechazo explícito a los presupuestos . Se sumaron a la propuesta de acuerdo impulsada por CC sobre Las Chumberas que, finalmente, logró la unanimidad.

Sobre el inmueble de Plasencia, Coalición dejó en evidencia el distanciamiento con su socio de pacto y se fue a apoyar la propuesta que defendieron los conservadores.

Los socialistas plantearon deshacer toda la operación que inició el organismo dependiente del cabildo, el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), para adquirir por 23 millones el edificio de Plasencia, con el fin de darle un uso sociosanitario.

«Manifestamos nuestra disconformidad con que el expediente siga adelante», declaró el consejero del PSC, Miguel Ángel Pérez.

«La moción del PP tiende algunos puentes mientras que la del PSC hace una especie de tirabuzón», observó el consejero de CC, Alberto Bernabé que, de este modo, adelantó el resultado de la votación.

«Estamos ante la escenificación de un distanciamiento claro y evidente», constató el portavoz del grupo Popular, Sebastián Ledesma, quien buscó el apoyo a su moción con la que «mediar». Pero solo CC atendió a su llamada.

Para eso, los nacionalistas tuvieron que «desistir de la compra, mantener la autorización de gasto, buscar con la Seguridad Social inmuebles alternativos y convocar un concurso público para la dotación provisional de plazas sociosanitarias». Todo esto, antes de seis meses; si no hay resultados, entonces se buscaría suelo para levantar un nuevo edificio.

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