efe
Miércoles, 7 de septiembre 2022, 12:10
El Gobierno de Canarias tutelaba legalmente a 31 de diciembre al 26% de todos los menores extranjeros no acompañados acogidos por las autoridades públicas en España y Andalucía, al 20%.
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De acuerdo con los datos que recoge en su informe anual la Fiscalía General del Estado, al término de 2021 estaban inscritos en el registro de menores extranjeros no acompañados en todo el país 9.294 niños y adolescentes, tutelados por los servicios sociales.
De ellos, 2.399 quedaban bajo la responsabilidad de Canarias (26%), 1.980 estaban acogidos por la Junta de Andalucía (21%), 1.192 dependían de la Generalitat de Cataluña (13%) y 921 estaban bajo la tutela de la ciudad de Ceuta (10%).
En los últimos tres años, el repunte de la llamada Ruta Canaria ha llevado al límite a los servicios de menores de las islas, que llegaron a acoger a casi 3.000 chicos, alojados en recursos muchas veces habilitados de emergencia para responder a esa situación.
La saturación llegó a tal punto que la Dirección General de Protección a la Infancia de Canarias llegó a decir públicamente el pasado 1 de febrero que se iba a ver obligada a dejar a los menores que llegaran a partir de entonces en Comisaría si no recibía ayuda de otras comunidades autónomas, porque no le quedaba ni una plaza.
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El propio presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha reclamado repetidamente solidaridad a las demás comunidades autónomas en la acogida de menores que llegan en patera a las costas españolas, un esfuerzo que ahora recae sobre todo en las islas y Andalucía, e incluso ha demandado que esta no sea una cuestión sujeta a ofrecimientos voluntarios, sino pautada por ley.
Según la Fiscalía, el año pasado llegaron a las costas españolas en patera 3.048 menores no acompañados, un 7,8 % menos que en 2020, de los que solo 114 eran niñas (el 3,7 %). La mayor parte procede de Marruecos (1.304), Argelia (540) y Mali (381).
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A ellos se suman otros 986 niños llegados en patera al cuidado de adultos que afirmaban ser sus padres u otro tipo de parientes, casi el doble que en 2020 (+79%). En este caso, hay casi paridad entre niños (530) y niñas (456), procedentes sobre todo de dos países: uno del África subsahariana, Costa de Marfil (379), y otro del Mediterráneo, Argelia (296).
La Policía realizó el año pasado 882 pruebas de ADN para verificar que aquellos extranjeros llegados en patera que decían ser padres o madres de los menores que traían consigo, pero no podían probarlo, lo eran. El 95 % de los casos (841) lo corroboraron, el 4% revelaron que no era así (37) y cuatro están pendientes de nuevos análisis.
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La Fiscalía reconoce que en ese proceso se siguen produciendo quejas cuando los menores son separados los adultos que los trajeron a España hasta que se verifique el parentesco con pruebas genéticas.
Sin embargo, aclara que ahora el «proceder ordinario« ya no es llevar al niño a un centro de acogida separado de su madre hasta que se reciba el resultado del ADN, sino trasladar a los dos a un centro para mujeres con menores, hasta que se comprueba el parentesco.
En este apartado, la Fiscalía también denuncia que los servicios que se ocupan de determinar la edad de los inmigrantes que alegan ser menores (y existen dudas o no pueden demostrarlo con documentos) «están desbordados« en Canarias por la llegada »masiva« de pateras, hasta el punto de que el año pasado terminó con 1.064 expedientes de ese tipo pendientes de resolución en las islas.
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«A la vista de los innumerables problemas que se plantean en torno a la determinación de edad de los posibles menores extranjeros no acompañados (...), la única solución sería una ley específica reguladora de la determinación de la edad que diseñe un procedimiento judicial, en el ámbito de la jurisdicción civil, con todas las garantías de audiencia y debida asistencia al posible menor«, remarca la Fiscalía General del Estado.
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