Canarias retoma la ofensiva para no perder más recursos estatales

La inestable relación Canarias-Estado atraviesa estos días un nuevo pico de tensión tras un breve periodo en el que las dos partes, soflamas electorales al margen, parecían haberse retirado cada una a su rincón a la espera de recolocar posiciones en el escenario que se dibuje tras las elecciones generales del 28A.

En plena precampaña el Gobierno canario ha vuelto a elevar el tono contra el Ejecutivo de Sánchez -al que acusa de «ensañarse» con las islas en favor de otras autonomías donde tiene intereses partidistas- y a intensificar la ofensiva política para tratar de salvar los recursos estatales comprometidos que están en la cuerda floja.

El detonante esta vez han sido los 500 millones de euros de carreteras que podrían tener que destinarse obligatoriamente a amortizar deuda si Hacienda los mantiene en el cómputo del superávit, además del anuncio estatal -luego matizado sin demasiada concreción- de que este año no llegarán los 42 millones del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) ni los 30 millones pactados para luchar contra la pobreza, pese a que ambas partidas están recogidas en los Presupuestos prorrogados.

Pero en el aire están también los 50 millones destinados a obras hidráulicas, puesto que no se ha renovado el convenio que da soporte jurídico a las anualidades -solo se firmó un protocolo en diciembre a modo de hoja de ruta-, por lo que el Estado podría acogerse a que la partida prevista para el año pasado decae en este ejercicio. Lo mismo sucede con los otros 42 millones para infraestructuras educativas que complementan el PIEC y que sí estaban en las cuentas estatales de 2018.

Hasta ahora el Gobierno estatal solo ha aprobado en los denominados «viernes sociales» del Consejo de Ministros un decreto que autoriza el pago a Canarias de 8 millones para subvencionar el agua de riego agrícola, frente a los casi 9.000 millones aprobados para otras autonomías.

De los Presupuestos del año pasado hay además un montante de alrededor de 300 millones de la ficha financiera de las islas que el Estado no llegó a transferir a la Comunidad Autónoma en plazo, aunque el Ejecutivo canario no descarta reclamarlos en los tribunales como ya hizo con los recortes al anterior convenio de carreteras.

La cercanía de las elecciones limita las posibilidades del Ejecutivo canario de hacerse oír en Madrid y obtener respuesta a sus reclamaciones, con la complicación añadida de que previsiblemente no habrá nuevo Gobierno estatal hasta al menos mitad de año, lo que dificulta que las partidas que finalmente se transfieran puedan ejecutarse en su integridad.

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