Canarias renuncia al diálogo con Sánchez

Loreto Gutiérrez / MAdrid

El Gobierno de Canarias ya no espera respuesta del Ejecutivo estatal que preside Pedro Sánchez y ha optado por dejar de buscar vías de diálogo para tratar de dar salida a los asuntos pendientes de la agenda canaria, con la expectativa de que tras las elecciones del 28A, ya en la próxima legislatura, sea más fácil fraguar acuerdos con el partido -o alianza de partidos- que asuma la responsabilidad de gobernar España.

Vista la falta de receptividad que Canarias atribuye al Gobierno del PSOE y el escaso resultado de las gestiones realizadas en los últimos meses para acercar posturas -con negociaciones eternamente aplazadas o reuniones que acaban sin ningún avance-, el presidente canario, Fernando Clavijo, y sus consejeros renuncian a seguir insistiendo.

Con el Ejecutivo estatal en funciones y los partidos políticos ya en precampaña enfrascados de lleno en sus respectivas estrategias electorales, se asume la imposibilidad de que la situación pueda ir a mejor. Más bien al contrario, el convencimiento generalizado en el Ejecutivo canario es que a partir de ahora todo intento de diálogo chocará invariablemente contra el mismo muro que ha dado lugar a la práctica ruptura de relaciones.

Solo queda por tanto esperar a que se configure nuevo Gobierno y que bien por imperativo de la matemática parlamentaria -en caso de que el nacionalismo canario vuelva a ser determinante para configurar mayorías- o ya sea por una mayor afinidad política entre el nuevo Ejecutivo autónomo que salga del 26M con el próximo inquilino de La Moncloa, Canarias se recoloque entre las prioridades de la agenda estatal.

El periodo de congelación que ahora se abre, que puede ir para largo si tras el 28A ninguna suma de escaños diera una mayoría clara en el Congreso para investir presidente, deja en el limbo un buen puñado de acuerdos pendientes que al no haberse concretado suponen una considerable merma para las arcas autonómicas, sin garantías de que la situación pueda revertirse en el segundo semestre del año.

En el aire quedan las partidas recogidas en los Presupuestos prorrogados de 2018 vinculadas a convenios bilaterales pendientes de firma, como los 50 millones de euros destinados a obras hidráulicas o los 42 millones recogidos para infraestructuras educativas vinculadas al Plan Integral de Empleo (PIEC), a la espera de que dentro de unos meses se pueda plasmar la rúbrica entre los Gobiernos estatal y autonómico que se configuren tras la doble cita con las urnas, puesto que sin convenios el Estado siempre puede alegar que no existe soporte jurídico que obligue a transferir los recursos. Los más de 300 millones que quedaron sin ejecutar de 2018 se dan ya por perdidos.

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