«Canarias tiene que poner límites porque es un territorio muy frágil»

Graduado en Periodismo por la Universidad de La Laguna y diplomado en Magisterio, Rafael Yanes fue alcalde del ayuntamiento de Güímar entre 2007 y 2013. Tras ser viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias en 2016, en 2018 fue elegido como Diputado del Común. Este año finaliza su mandato tras seis de trabajo.

–¿Cómo valora estos años al frente del cargo y cuáles cree que han sido sus mayores logros?

–La valoración global es positiva. Me he podido dedicar a esta función de defensa de los derechos con libertad y con independencia absoluta de cualquier organización política. Hemos logrado una mayor visibilización de nuestra institución, es más conocida y, debido a eso, muchas más personas vienen a nosotros para intentar resolver los problemas que tienen con la administración pública.

–Ha atendido las peticiones de miles de ciudadanos. ¿Cuál podría destacar?

–Quizá el caso más destacable fue el de un niño que enfermó en Bali, Mateo, que no tenía seguro y se necesitaba un avión medicalizado para trasladarlo. Al final, cuando llegaron a Barcelona, su madre me envió un vídeo por WhatsApp, y la verdad es que fue muy emotivo ver que tu trabajo tiene una consecución rápida, que fue la de salvar una vida.

–¿Qué le hubiera gustado solucionar y no ha podido?

–Me hubiera gustado convencer a la administración pública de que tiene que gastar más dinero en las políticas sociales. La dependencia, la discapacidad, la prestación canaria de inserción, las pensiones no contributivas, no se están resolviendo en los plazos legalmente establecidos por una sola razón: porque la comunidad autónoma no pone el suficiente presupuesto para que esas áreas tengan un funcionamiento adecuado. Además, la discapacidad ha pasado desapercibida. Los incumplimientos en esta materia son insoportables. Tardamos entre cinco y seis años en reconocerla. Es una injusticia.

–En el 20A miles de personas salieron a la calle para reclamar un cambio en el modelo turístico. ¿Qué reflexiones saca de esta movilización?

–Hay dos conclusiones que saco después de la manifestación del 20 de abril. Primero, Canarias no se ha planificado en los últimos 30 años ni en materia de vivienda, ni en materia de transporte colectivo, ni en materia sanitaria. Además, creo que hay que reflexionar sobre los límites que un territorio frágil como el nuestro tiene, no puede darse un crecimiento continuo en el tiempo. Tenemos que poner un límite.

–Entre las solicitudes de los convocantes está un reparto equitativo de la riqueza y una subida de los salarios. ¿Confía en que se podrá llegar a estas metas?

–Creo que Canarias tiene un porcentaje de personas en riesgo de pobreza insoportable, el 38%. Digamos que la generación de riqueza, especialmente del turismo, no está bien distribuida entre la población.

–El año pasado pedía «con urgencia» la creación de un gran pacto por la vivienda en las islas. En esta legislatura se ha aprobado un decreto ley de medidas urgentes en esta materia. ¿Es suficiente?

–No, yo creo que no lo es. El problema de la vivienda en Canarias se podrá afrontar cuando tengamos un parque de vivienda público lo suficientemente dimensionado como para dar respuesta a las personas que no pueden pagar el alquiler en el mercado libre. Y evidentemente estamos muy lejos de eso. Un 1% de las viviendas es público. Por ejemplo, en los países nórdicos es el 20%, una de cada cuatro viviendas es pública, con ese índice puede dotar de vivienda a quien no la tiene. Teniendo el 1% es imposible. Además, es necesario una mejor gestión del parque público de vivienda. Ahora mismo la administración no ha impedido determinadas prácticas fraudulentas como ocupaciones ilegales, alquileres clandestinos, incluso ventas de vivienda pública.

–El Gobierno de Canarias tiene bajo su tutela a 5.500 menores migrantes. Se ha llegado a un acuerdo con el Estado para el reparto, que cuenta con el rechazo de las autonomías. ¿Se logrará consenso?

–Desde el principio pedía la solidaridad de todas las comunidades autónomas cuando empezó la presión migratoria. A la vista de que no había una respuesta positiva, dije: 'La solución es una solidaridad obligatoria', es decir por ley. Es necesario proteger los derechos de esos menores, que no solo es darles cama y comida, es integrarlos socialmente. Eso no se puede alcanzar con centros abarrotados.

–También están los retrasos en la estimación de la edad...

–El límite de los derechos de las personas que llegan a nuestra tierra está en una línea que es la mayoría o minoría de edad. Hay chicos que son menores de edad, pero le dicen a la policía que son mayores porque quieren que los trasladen a la península y así ir con su familia. Hay otros que son mayores y le dicen a la policía que son menores porque así tienen la seguridad de un centro de acogida en la comunidad autónoma. Es necesario delimitar qué personas son mayores y cuáles son menores para que en esos centros esos niños tengan la seguridad que está prevista en las leyes, y eso no está garantizado hoy en día. Por eso es necesario que se determine la edad de las personas que llegan inmediatamente.

–Su sucesora será Dolores Padrón. ¿Ya ha podido reunirse con ella?

–He tenido varias reuniones con ella para que la transición sea lo más beneficiosa para la ciudadanía. También le he dejado los expedientes que yo he iniciado para que los continúe. Es una persona que tiene mucha sensibilidad social, y creo que su hoja de ruta será continuar la que hemos iniciado nosotros.

–Dice que ahora se dedicará a la música y la escritura. ¿Le han inspirado estos seis años?

–Ya tengo una novela que publicaré próximamente. Desde luego mi experiencia aquí ha influido en mí, me ha hecho una mejor persona. Soy más sensible y eso, sin duda, tendrá su reflejo a la hora de escribir.

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