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El Gobierno de Canariasno podrá rebajar el IGIC, tal como había anunciado, si el Ministerio de Haciendano flexibiliza la regla de gasto anunciada por la ministra María Jesús Montero en la Conferencia de Política Fiscal y Financiera (CPFF), celebrada el pasado lunes, y que quedó fijada en el 2,6%.
La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, puntualiza que con las cifras ofrecidas por el Estado, la comunidad autónoma «no podrá destinar recursos a otro fin que no sea amortizar deuda y, evidentemente, tampoco podrá bajar el IGIC».
Esta fue una promesa del pacto de Gobierno, pero una vez iniciada la elaboración del proyecto de ley de Presupuestos para 2024, Asián ya advirtió que esta medida se llevaría a cabo «cuando se pudiera», porque las cuentas se estaban realizando con gran incertidumbre por la falta de información de las grandes magnitudes del Estado y además con la vuelta de las reglas fiscales.
La consejera mantiene que la solución para el archipiélago es flexibilizar la regla de gasto, circunstancia que a su juicio, se puede llevar a cabo mediante un cambio normativo para que se adapte «a la realidad» de cada territorio autonómico.
En este sentido, explica que en la reunión del CPFF, la ministra Montero habló que los cambios que se avecinan en Europa sobre este asunto y para ello se requiere una modificación de la ley española de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera.
Al hilo de esos cambios, Asián plantea que se flexibilice la regla del gasto para adecuarla a la situación de cada territorio. En cualquier caso, apostilla que está propuesta «aún no se tomado en consideración, pero confiamos en que se haga».
Y es que, a su juicio, es «contrario al sentido común»disponer de dinero y a la vez no registrar deuda pero «no poder satisfacer las necesidades de los ciudadanos».
Insiste en que la flexibilización de las reglas fiscales para las distintas autonomías, tal como pretende hacer Bruselas -el acuerdo aún no está cerrado- sería una «buena solución, porque Canarias tiene unos problemas como otros territorios tienen otros»
Puntualiza que no se trata de unas reglas fiscales ad hoc para cada comunidad, sino una cuantificación, que es lo que pretende Europa «y que las reglas fiscales para la estabilidad presupuestaria se adecuen a las características de cada estado porque no son iguales ni tienen las mismas necesidades». E insiste: «eso también lo puede hacer España porque se trata de una petición muy razonable».
Para la consejera, es «comprensible y de sentido común» que si una comunidad autónoma registra superávit pero tiene deuda anterior o déficit anterior, esos recursos se destinen a compensar estas dos extremos. En cambio, «lo que no tiene lógica» es que se aplique cuando un territorio, en este caso Canarias, tiene una deuda muy por debajo de la media española.
Mantiene que esa directriz «choca» con las necesidades reales del archipiélago, por lo que mantiene la confianza en que se pueda flexibilizar. «Si finalmente el Gobierno de España no nos permite destinar los ingresos a otro fin que no sea amortizar deuda, no se podrá reducir el IGIC ni destinar a ningún otro fin que necesiten los ciudadanos de Canarias, ya sea sanidad, educación o bienestar social. Absolutamente a nada», concluye la consejera.
La posición crítica manifestada por Matilde Asián en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el pasado lunes fue «la respuesta del Gobierno de Canarias, que es uno».
De esta manera, la consejera de Hacienda despeja cualquier duda sobre posibles diferencias en el seno del pacto regional entre Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) a este respecto y afirma que en el citado encuentro con la ministra de Hacienda «no estaban los partidos, sino el Gobierno».
Y en este sentido mantiene que lo que pidió la Consejería de Hacienda al Estado, en representación del Ejecutivo autonómico, «es que sea sensible con la comunidad autónoma». Esta posición, agrega, «la deberían tener todos los partidos políticos de las islas, tengan o no presencia en el Gobierno autonómico».
Asián considera que el estado de las autonomías consiste en mostrar «sensibilidad» con los distintos territorios del Estado, «tener en cuenta la realidad de cada comunidad autónoma para garantizar la sostenibilidad de las reglas públicas en las que creemos y defendemos», aseguró.
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