Canarias, donde existe más pobreza severa y donde hay menos ayudas

El 15,70% de la población canaria, unas 341.152 personas tienen carencias materiales severas. Con estas cifras, el archipiélago se coloca como la comunidad autónoma con más población con necesidades básicas, seguida de lejos por Andalucía (10,30%) y Murcia (10,20%).

El porcentaje registrado en Canarias practicamente duplica la media estatal, que se sitúa en el 8,30%, según los datos hechos públicos por la Asociación de directoras y gerentes de servicios sociales.

Esta entidad indica que no todo el que la precisa recibe de ayuda de urgencia. Solo 134.008 personas en el archipiélago cuenta con alguna prestación, lo que supone poco más de 39% de los afectados, a los que se destina una media de 127 euros al año.

Respecto a la cuantía, por debajo solo figuran Comunidad de Madrid (87 euros) y La Rioja (120 euros). En cambio, según los datos de los directores y gerentes de servicios sociales, los murcianos reciben hasta 3.600 euros al año y los habitantes de Aragón hasta 1.300 euros para paliar sus condiciones de pobreza severa. La media del Estado está fijada en 172 euros anuales.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV), las rentas de inserción o las ayudas de emergencia social que ofrecen las entidades locales, fundamentalmente ayuntamientos, son los recursos que tienen las familias más pobres para cubrir sus necesidades básicas.

Sin embargo, la Asociación denuncia que el «entramado burocrático, innecesario y cruel» dificulta a cientos de miles de familias en toda España que lo necesitarían percibir el IMV.

También reconoce que muchas corporaciones han incrementado sus presupuestos destinados a ayudas de urgente necesidad en los dos últimos años, pero insiste en que los procedimientos burocráticos y la rigidez de las intervenciones municipales limitan el acceso o retrasan el cobro y, por tanto, la eficacia de las ayudas.

Hay ayuntamientos, dice el informe, que pueden tardar hasta dos meses en dar una ayuda de urgencia social y las trabas a la hora de justificarlas ante la Intervención son «dificultosas y humillantes».

Por eso, plantea derogar el procedimiento administrativo que hace que las ayudas de emergencia social sean tratadas como cualquier subvención a una entidad y vincular su concesión y pago a procedimientos ágiles basados en la prescripción de los profesionales de los Servicios Sociales municipales.

La Asociación de directoras y gerentes de servicios sociales considera que una persona está en situación de carencia material y social severa si, entre otros factores, no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días.

También las personas que no disponen de capacidad para afrontar gastos imprevistos de 700 euros o si ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...).

Síguenos en el canal de Whatsapp de CANARIAS7

A nivel personal, la carencia severa implica no poder sustituir ropa estropeada por otra nueva; no poder reunirse con amigos/familia para comer o tomar algo al menos una vez al mes o no tener conexión a Internet.