Ya hay nueva fecha para despejar una de las dudas sobre la distribución extraordinaria de 4.000 menores migrantes acogidos por Canarias y 400 que están en Ceuta. El lunes 10 de marzo, el presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo, se reunirá con la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno de España, María Jesús Montero, para abordar la ficha financiera que les corresponderá a las comunidades autónomas de llevarse a cabo esta derivación puntual de los chicos y chicas que han emigrado sin un adulto que se haga cargo de ellos.
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Hace dos semanas estaba previsto que se terminara de resolver esta incógnita en Madrid, pero la reunión fue cancelada por el ministerio de Hacienda por la salud de Montero. Apesar de este hecho, el Ejecutivo canario trasladó al equipo de la ministra la documentación necesaria para seguir avanzando en esta cuestión, si bien, el Estado siempre ha garantizado que habrá financiación para que las comunidades autónomas se hagan cargo de estos jóvenes.
En el encuentro se abordarán los compromisos establecidos en la agenda canaria, el acuerdo mediante el que Coalición Canaria dio su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. También se debatirán otros asuntos de interés para el archipiélago, según adelantó este miércoles Clavijo al finalizar una visita a un centro geriátrico en La Palma.
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Otras de las preguntas pendientes es la vía legal a través de la que se materializara la distribución de los chicos y chicas entre las comunidades autónomas para aliviar la red de acogida de Canarias y Ceuta y, así, poder garantizar un acogida digna. Esta cuestión está en manos de la Abogacía del Estado, que prepara un informe para determinar si se hará mediante decreto de ley (la opción que ha defendido el Gobierno canario debido a la rapidez que otorgaría una vez se apruebe) o proposición de ley (mecanismo que defiende el Estado).
La idea es que, con estas cuentes pendientes ya resueltas, en marzo se pueda acudir al Congreso de los Diputados en busca de apoyos a esta medida. Independientemente del mecanismo legal escogido, la derivación extraordinaria de estos niños y niñas deberá contar con el respaldo de la mayoría de la Cámara Baja. Desde el Gobierno canario recalcan que solo cuando el texto esté cerrado y se acuda a Madrid, será el momento en el que los partidos determinen su apoyo o no a la medida.
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Todo recuerda a lo que pasó en julio del año pasado, cuando los votos en contra del Partido Popular, Junts y Vox tumbaron la toma en consideración de la reforma de la ley de extranjería, que haría obligatoria la derivación de los chicos y chicas que estén en territorios con su red de acogida saturada, como es el caso de Canarias. A pesar de que hubo nuevas reuniones para tratar se sacar adelante la reforma legislativa, en diciembre de 2024 el PP se desmarcó de las negociaciones, por lo que Canarias tuvo que plantear un nuevo plan paralelo al cambio en la norma.
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