Nieves Lady Barreto, consejera de Administraciones Públicas

«Canarias cumplirá los plazos para estabilizar al personal interino»

–A final de año se cumple el plazo para la estabilización del personal temporal. ¿Cómo va este proceso en Canarias?

–Vamos a terminar y vamos a cumplir. No ha sido fácil porque había tres años para culminar el proceso y el grueso de la estabilización lo hemos hecho en año y medio. A raíz de dos sentencias europeas, ha habido reuniones de todas las comunidades autónomas con el Estado y algunas de ellas han planteado que van retrasadas. ¿Qué ocurre si te pasas del 31 de diciembre? Pues nunca hemos tenido una respuesta clara, pero entendemos que, una vez iniciados los procesos de estabilización, si queda la toma de posesión en el último trámite, no pasará nada.

–¿La comunidad autónoma entonces alcanzará el 8% de interinidad al 31 de diciembre?

–Nosotros estamos en el proceso, queremos estabilizar y nuestra intención es cumplir en diciembre con el grueso de los procesos selectivos, que no ha sido fácil -hay abiertos 188 procesos para más de 3.500 plazas- porque supone desde buscar a los miembros de los tribunales, logística para poder llevarlo a cabo todo... Ha sido complicado. Pero bueno, saldrá adelante y estará estabilizado el personal.

–¿A final de año estarán estabilizados 3.500 trabajadores?

– En diciembre estará concluso, si no el 100% del proceso, pues el 98% a falta de la toma de posesión. Eso posiblemente se tenga que hacer en enero, pero el grueso del proceso de estabilización con los méritos, la publicación.. pretendemos que sea diciembre. No sé si alcanzaremos el 8% de interinidad, pero desde luego, el porcentaje será infinitamente menor al que tenemos ahora en la administración general de la comunidad autónoma.

–Siempre se mueve en torno a un 30%.

–Sí, y bajaremos considerablemente de ahí. Pero cualquier administración siempre va a tener un porcentaje de interinidad. Es así porque a veces tienes que atender necesidades que son urgentes y puntuales. Y tienes que tirar de interinidad. Pero lo que no puede ser es que esa situación se prolongue 20 años, o 15, o 10. La interinidad son tres años y la legislación hoy te obliga a que, cuando se cumpla ese tiempo, se produzca el cese de la vinculación laboral de esa persona con la administración. Y eso es importante también para intentar no volver a la situación que teníamos.

–¿En cabildos y ayuntamientos se trabaja con la misma agilidad?

–En algunos sí y en otros no tanto. Nosotros hicimos una reunión con todos los sindicatos, Fecam, Fecai, Sanidad, Educación y Justicia (que no depende de Canarias, sino del Ministerio) para forzar un impulso allí donde estábamos un poco retrasados. La última información que tenemos es que los ayuntamientos van muy bien y la mayoría de los cabildos están concluyendo sus procesos o habrán concluido en esta última parte del año. Probablemente haya algún ayuntamiento que quede retrasado, pero la intención es que concluyan todos.

–Usted se ha quejado de que se tarda en torno a seis años para cubrir una plaza de funcionario. ¿Eso ha mejorado?

–Es que, desde que se saca la oposición hasta que la persona se incorpora -un funcionario de carrera-, puede pasar una media de cinco o seis años. No tiene sentido. Porque un departamento estructura su RPT y la necesidad de convocar plazas para un momento determinado. A los seis años, a lo mejor, eso lo tienes cubierto con comisiones de servicios, con atribuciones temporales ... y quizá ya no tienes la urgencia ahí, sino en otro departamento. Es decir, la Administración no puede estructurar sus necesidades y adaptarse a la sociedad con plazos de este tipo. Esa es una de las cosas que intentamos corregir con el Decreto Ley de Empleo Público que hora está en el Parlamento para convertirlo en ley, sacar todos los procesos selectivos con trámites más reducidos y conseguir que ese plazo no esté en seis años.

–El decreto ley contiene una propuesta que no gusta a los trabajadores y es que estén dos años en un mismo puesto. ¿Se mantendrá en la ley?

– Es verdad que no gusta pero es necesaria mantenerla. Y lo digo así, con toda la transparencia del mundo. Mediante el decreto ley obligamos, y eso no existe ahora mismo, a que la persona que toma posesión en un puesto permanezca dos años en el mismo. Si tú llamas de una lista porque necesitas cubrir esa plaza, porque es urgente y no tienes a nadie, no puede ser que la persona que entre se vaya al día siguiente o al mes a otra plaza. Porque al final nunca tienes a alguien donde realmente lo necesitas o tienes la urgencia. Yo sé que esto ha generado alguna molestia entre algunos trabajadores que a lo mejor ahora, cuando tomen posesión en la plaza de estabilización, van a tener que estar dos años.

–Un informe reciente del Gobierno de Canarias dice que el 55% del personal de la comunidad autónoma teletrabaja un día a la semana. ¿Es mucho? ¿Es adecuado?

– Hay que puntualizar que el 55% del personal al que se le ha concedido el teletrabajo, teletrabaja un día. El decreto de teletrabajo de Canarias es de los más exigentes de todo el territorio nacional. Nada más llegar al Gobierno creamos un grupo de trabajo entre Hacienda y Función Pública para analizar el decreto, analizar los demás decretos que había en España, ver si este tenía que modularse algo, corregirse... Porque el teletrabajo no es un derecho, pero sí una herramienta de organización del trabajo y que además creo que es positiva siempre que se utilice de manera adecuada.

–¿Y no ha sido así?

– Lo que ocurría en Canarias es que el teletrabajo no se aplicaba como decía el decreto. El documento es muy exigente y señala que cada centro directivo de las distintas consejerías tiene que decidir qué puestos pueden teletrabajar o no. Además, el trabajador tiene que presentar un plan individualizado de teletrabajo. Aquí nos encontramos que algún trabajador decía hacer diez llamadas diarias. Eso no es un plan de teletrabajo. Igual que te sientas en la oficina y trabajas con tres, cuatro expedientes a la vez, pues esto es lo mismo. Usted está en su casa y tiene que decir qué va a hacer. Una vez presentado ese plan, lo tiene que supervisar el centro directivo y te autorizará. Y hay otra cosa que para nosotros era muy importante y es que un servicio no puede tener a todas las personas teletrabajando, porque la relación entre los trabajadores es necesaria para destrabar algunos expedientes que son comunes. Pues cada centro directivo ha hecho instrucciones en función de lo que ha considerado. Y este es el primer informe de evaluación, una radiografía. El siguiente nos va a permitir valorar si vamos mejor, si los planes se cumplen...

–Pero decía usted que no se cumplía el decreto

–No. Ahora se está cumpliendo y se está evaluando la necesidad, lo que se exige para que una persona teletrabaje. En este momento, si un centro directivo ha autorizado el teletrabajo es porque el trabajador ha presentado un plan individualizado con las tareas de lo que se va a desempeñar, no con que hago diez llamadas o leo un informe. O se presenta ese plan individualizado o no se puede otorgar el teletrabajo. Pero es verdad que de lo que vimos cuando llegamos hasta aquí, ha cambiado mucho la historia. Es decir, los trabajadores saben que tienen que justificar que trabajar en su casa es igual que el trabajo en la oficina.

–Un alto porcentaje de ese personal es mujer y según el informe del Gobierno, en ese dato influye el papel de cuidadoras

– Lo que es seguro es que no se puede convertir el teletrabajo en un elemento para conciliar porque eso supone un estigma más para las mujeres. Es decir, el teletrabajo no llegó para que las mujeres se queden en su casa y no salgan a trabajar. Llegó para que quien necesite o quiera teletrabajar un día pueda hacerlo, pero da lo mismo si es un hombre o una mujer. Eso no pasó con el Covid. La inmensa mayoría del país teletrabajó y hubo informes que detectaron que el teletrabajo se convirtió en una carga mayor para las mujeres, que además de encargarse de los menores, normalmente no tenían despacho, porque si teletrabajaba también el marido, se lo quedaba él y ellas en la mesa de la cocina. Eso no puede ser el teletrabajo.

–Dijo hace poco que desistía de seguir trabajando en una ley de coordinación de policías locales ante la imposibilidad de poner de acuerdo a sindicatos y alcaldes. ¿A quien responsabiliza?

– Yo lo que digo es que desisto de tirar para adelante con eso si no se ponen de acuerdo las dos partes principales. Yo creo, sinceramente, que en este momento lo que los distancia es mínimo. Y creo que se quiere sacar, pero llevamos seis años con dos borradores de leyes de coordinación, casi para aprobar y no ha sido posible. Por eso, nosotros vamos a trabajar en la Ley de Seguridad Pública Canaria y ahí se pueden regular muchos de los aspectos que tendrían que ir a la ley de coordinación. Hay una reunión pendiente entre sindicatos y Fecam, y si ambas partes terminan de pulir esa mínima diferencia y cede cada parte un poco, saldrá. Creo que hay ganas de sacar adelante esa regulación, se llame de coordinación o de funcionamiento, porque la policía local tiene una ley absolutamente obsoleta, y además la policía local de hoy no tiene nada que ver con la de hace 20 años. Sigue siendo agente de la autoridad y siguen haciendo cosas similares, pero es que hoy se enfrentan a retos muy diferentes.

–¿Que no salga esa ley supone que las policías locales estarán infrafinanciadas o infradotadas?

–No. Los ayuntamientos son autónomos para poner los sueldos a sus trabajadores municipales, incluidos los policías, pero se muevan en unos baremos mínimos y máximos ya establecidos. La Ley de coordinación hace más referencia a su operatividad, a su funcionalidad, al trabajo que desarrollan en su día a día. Les ayuda a tener una ley nueva adaptada al hoy y eso sí es importante.

–¿Y la Ley de Seguridad exactamente qué recoge?

– Esta ley va a regular el sistema de seguridad pública canaria. Vamos a regular aspectos de la policía canaria, aspectos comunes de la policía autonómica y la policía local... Eso requiere sentarnos y analizar todo eso juntos. Y también estamos estudiando lo que han hecho otras comunidades autónomas y empaparnos de lo que ha funcionado y lo que no.

– ¿Cuando prevé que pueda entrar en el Parlamento?

– Todavía queda un proceso muy largo, pero desde luego, debe estar en esta legislatura.

– Algunos consejeros no están satisfechos con las partidas presupuestarias que les tocan para 2025. ¿Usted está contenta?

– Nuestro capítulo 1 (Personal) subirá en torno a un 10%, que va a resolver reclamaciones históricas que directa o indirectamente dependen de la Consejería, además del crecimiento de la Policía. También hemos puesto un mínimo para iniciar obra y el año que viene adjudicaremos los palacios de Justicia de Fuerteventura y La Palma. Este año terminaremos con nueve juzgados nuevos y eso es dinero, porque son casi 80 trabajadores más. En el capítulo 1 también está el acuerdo para el personal de Justicia, modulado a tres años, y el aumento del turno de oficio... ¿Que si quiero más fondos? Claro. Este año acabaré el turno de oficio de extranjería con un agujero de ocho millones por la presión migratoria. Cuando el Estado ingrese los 100 millones, una parte irá a eso. Espero que haya Presupuestos del Estado y se actualicen los ingresos y entregas a cuenta.

–Los abogados del turno de oficio se han quejado de que para ir a El Hierro se tienen que costear traslados y otros gastos

– Eso se paga. Otra cosa es cómo se hace. En una reunión en septiembre del 2023, el Colegio de Abogados de Tenerife ya planteó que los abogados que van a El Hierro tenían problemas de conectividad que les obligaban a quedarse a dormir. Eso se modificó y, además del billete, les costeamos el traslado dentro de la isla y el alojamiento. Lo que está mal es el método de cobro. El Gobierno de Canarias no paga a los abogados de oficio directamente, sino que trimestralmente da una subvención a los colegios de abogados para que ellos paguen a los abogados de oficio. Al ser una subvención, tienen que justificar el gasto y todo esto es un proceso que retrasa los pagos. Es decir, hay que cambiarlo. El mismo día que cerramos el acuerdo para incrementar los baremos del turno de oficio se planteó la necesidad de cambiar esta fórmula y decidir cómo vamos a pagar. Yo quiero que sea mensual, pero no será en enero, aunque sí en un tiempo prudencial. Y si no es con todos, se hará con los que tengan la tarea hecha. Pero los abogados tienen razón cuando dicen que no pueden hacer un trabajo y cobrar a los tres meses.  

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