Juan Carlos Lorenzo, coordinador de Cear en Canarias

«Canarias corre el riesgo de ser un gran centro de retención de migrantes»

-Uno de los negociadores del pacto, López Aguilar (PSOE), asegura que este acuerdo es bueno para Canarias. ¿En qué nos beneficia?

-El pacto no es bueno para nadie. Para nosotros este acuerdo fragiliza la realidad de las personas migrantes, especialmente el derecho de asilo, así que no creo que sea beneficioso para ellos ni para los territorios fronterizos, principalmente isleños, como Canarias. El pacto legitima aún más lo que tiene que ver con el retorno y la externalización de fronteras y establece una figura de control previo a la entrada, que genera una ficción de no entrada, y afecta a los territorios isleños que son frontera sur. Esto significa que se corre el riesgo de que la garantía jurídica esté más fragilizada. Por otro lado, los procedimientos acelerados de asilo podrían obstaculizar el acceso a ese derecho. Si hay un control previo que va a diferenciar entre los que tienen derecho de asilo y los que no, que serán retornados, se van a generar unos espacios de retención que no son beneficiosos para Canarias ni para cualquier otra isla de la Unión. Si no es bueno para las personas, no lo puede ser para los estados miembros ni para Canarias.

-Se valora haber cerrado una política común de los 27, pero se ha priorizado tener un acuerdo sobre tener un buen acuerdo

-Sí, y las autoridades han reconocido que el pacto no es perfecto. Es verdad que nace con el ánimo de generar armonización en política de asilo para mejorar las garantías y trabajar en una mayor equidad entre estados miembros, pero las medidas principales del acuerdo no redundan en ello: ni van a generar un decrecimiento de los flujos migratorios, ni impulsar una mayor solidaridad territorial entre los estados miembros con los estados que son frontera sur. Desde mi punto de vista, eso no se va a lograr porque se ha priorizado los intereses de los estados y no los intereses y derechos de las personas.

-Tal como se ha puesto de manifiesto, quizá era el único pacto posible en una Europa escorada a la ultraderecha y con la vista puesta en las elecciones de junio

-Sin duda. Son dos elementos que han influido en la aceleración de los trabajos del pacto, que lleva ocho años gestándose. Por una parte ha influido la orientación de los gobiernos hacia una postura conservadora o de ultraderecha, y se ha trabajado para hacerlo cuanto antes mejor, pero hay que saber en qué condiciones. Además, estaba el objetivo de cerrarlo antes de las elecciones del próximo año y durante la Presidencia española del Consejo Europeo. El acuerdo nos deja huérfanos en derechos.

-¿Qué es la ficción de no entrada?

-Se trata de un filtro previo para saber si tienes derecho o no a pedir asilo. Las personas que están dentro del marco del asilo van a ser atendidas para el ejercicio de este derecho y las que no estén en este contexto van a ser retornadas. La política de la UE es extremadamente pragmática. Es decir, diferencia si una persona pertenece a alguna de las nacionalidades cuya protección en la Unión tienen una tasa alta. Si no lo es, será objeto de un procedimiento abreviado y acelerado para pedir asilo, de manera que las garantías jurídicas disminuyen. El que no tenga derecho, será retornado.

-¿Hasta que se resuelva ese proceso están retenidas?

-Sí, es así. El objetivo es que sea el menor tiempo posible. Por eso los procedimientos acelerados, pero no dejan de ser espacios de retención, de contención de personas, y de detención en definitiva, porque las personas tienen limitada su capacidad de movimiento hasta se tome una decisión. No son espacios de espera, como han dicho algunos dirigentes de la UE.

-¿Canarias se puede convertir en un gran espacio de retención?

-Ese puede ser el riesgo, que Canarias se convierta en un gran espacio de retención. Ya lo vivimos en 2020, en el contexto de la pandemia y las restricciones a la movilidad, que hizo que las personas que llegaron a las islas se vieran acogidas en x condiciones, sin saber hasta cuanto ni cuando. Esto generó una situación insostenible que devino en una parálisis estructural permanente, porque es imposible dimensionar hasta el infinito la realidad de acogida de un territorio limitado y fragmentado como Canarias. Corremos el riesgo de ser otra vez un espacio de contención. Es obvio que la intención es que sea el menor tiempo posible para que las personas que están en el marco de asilo permanezcan en un espacio seguro y las que no, sean retornadas. Esos espacios de espera serían insostenibles en territorios isleños. Se podrían repetir practicas nefastas.

-Uno de los aspectos más controvertidos de este acuerdo ha sido la solidaridad a la carta o pagar por no acoger migrantes. ¿Qué le parece? ¿Tiene alguna ventaja?

-No tiene ninguna ventaja. El hecho de pagar por no reubicar era uno de los elementos más controvertidos y certifica el peor augurio: el hecho de que la solidaridad sea a la carta y no exista la solidaridad obligatoria o responsabilidad compartida entre los estados. Optar entre reubicar o pagar por no hacerlo -20.000 euros por persona- es hablar de voluntariedad, que en el pasado ha llevado a la irresponsabilidad. En 2015, ningún país cumplió su compromiso con las cuotas de asentamiento de personas sirias. Ahora, muchos optarán por pagar y tener a las personas cuanto más lejos mejor, y la mayor dimensión de personas migrantes o solicitantes de asilo se mantendrá en los países que son frontera sur. Las medidas adoptadas no van a aliviar la presión en los países de la frontera sur.

-¿Qué soluciona este pacto? ¿Mejora algo respecto a lo que hay?

-Para nosotros nada. Hemos dicho por activa y por pasiva que no podemos aceptar un pacto que desprotege aún más a las personas. La ficción de no entrada, procedimientos fronterizos acelerados, la solidaridad a la carta... Frente a eso, las grandes reivindicaciones, como desembarco seguro o la reubicación obligatoria, no aparecen. Tampoco recoge ninguna estrategia sobre las vías legales y seguras. No aporta nada bueno y lesiona de derechos de las personas migrantes.

-También se incluyen modificaciones que afectan a los menores

-En los espacios de espera, la edad de los controles baja de 14 a seis años, lo que precariza su situación. A ver como se concilian esas medidas con la protección de menores. Para nosotros, la conclusión es que el pacto desvirtúa el objetivo que pretendía, porque en principio se buscaba mejorar los sistemas de asilo y establecer un reparto equitativo de la responsabilidad entre los estados miembros. La realidad es que se priorizan los intereses de los estados frente a los derechos de las personas.

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