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El presunto caso de corrupción a través de contratos firmados durante la pandemia para la compra de mascarillas conocido como 'caso Koldo' afecta a partidas de dos fondos europeos que movilizaron en total 17,8 millones de euros, según han trasladado las autoridades españolas a la Comisión Europea. Canarias está en el punto de mira de esa investigación por los cuatro contratos con la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a la trama de presunta corrupción.
Europa investiga, en concreto, el destino que se dio a 14,7 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y de otros 3,1 millones que forman parte del Fondo europeo de Solidaridad, según confirmó a la agencia Efe un portavoz comunitario.
Estas cifran fueron transmitidas por la «autoridad española de gestión» de fondos de la UE, es decir, el Ministerio de Hacienda, al Ejecutivo comunitario, que había pedido «aclaraciones» al Gobierno en una carta el pasado 27 de febrero.
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«El viernes, 8 de marzo, la Comisión recibió una respuesta de la autoridad de gestión. Una vez completada su evaluación de los contratos investigados, identificó un apoyo del Feder y del Fondo de Solidaridad por una cantidad de 14,7 millones y 3,1 millones, respectivamente», precisó el portavoz.
El importe exacto total del Feder fue de 14.659.048,45 de euros, de los cuales 10.900.833,21 millones fueron para Canarias y 3.758.215,24 millones para Baleares; mientras que el del Fondo de Solidaridad fue de 3.144.775,64 millones.
La Comisión Europea señaló que seguirá «vigilando detenidamente» la evolución de los acontecimientos y «tomará las medidas adecuadas para asegurar la protección de los intereses financieros de la Unión», porque tiene «cero tolerancia con el fraude».
Así, el portavoz recordó que Bruselas dispone de «muchas posibilidades y herramientas», como interrumpir o suspender los pagos a Estados miembros, imponer «correcciones financieras, adoptar medidas administrativas y recuperar los fondos ya desembolsados». Esas sanciones pueden acabar siendo repercutidas en las autonomías, de manera que Canarias se arriesga a una penalización por esos contratos.
Las pesquisas se centran específicamente en los contratos suscritos por el Servicio de Salud de las Islas Canarias y el Servicio de Salud de Islas Baleares para el suministro de mascarillas y fue abierta tras recibir la denuncia de un particular ante las instancias comunitarias.
En el caso del Servicio Canario de Salud, los contratos suscritos con Soluciones de Gestión supusieron un desembolso total de 12,5 millones de euros.
El pasado miércoles, el comisario europeo de Presupuestos, Johannes Hahn, confió en que la investigación que ha abierto la Fiscalía Europea por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias «arroje luz» sobre la trama.
«Es importante que dejemos trabajar a los investigadores en este momento para que puedan arrojar luz sobre cualquier posible fraude con fondos europeos en el caso que estamos discutiendo hoy», dijo en un debate ante el pleno del Parlamento Europeo.
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