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El Gobierno de Canarias y sus organismos autónomos han concedido subvenciones por valor de 600 millones que se hallan sin justificar. Es más. Practicamente la mitad de este dinero ya es «de difícil recuperación», según recoge el informe de fiscalización a la comunidad autónoma correspondiente al ejercicio de 2022 de la Audiencia de Cuentas.
Este órgano se remite a la Intervención General que, a 31 de diciembre de 2022, indicaba que las subvenciones concedidas desde el año 1981 por los departamentos del Gobierno autonómico se elevan a 286 millones.
De esta cifra, se dictó resolución de reintegro por 17,3 millones. De los restantes 268,3 millones, apunta, «existe el riesgo de que la hacienda pública pierda el derecho a su recuperación».
A esta cifra se suman las subvenciones otorgadas igualmente por los organismos de la comunidad autónoma y que suman otros 313 millones subvenciones pendientes de justificar.
Estos importes afectan especialmente a Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) con 132,7 millones y al Servicio Canario de Empleo (SCE) con 172,2 millones «por su magnitud y reiteración en el tiempo», explica la Audiencia de Cuentas, auque entre 2022 la cantidad se redujo en 33 millones respecto al ejercicio anterir. En el Servicio Canario de la Salud (SCS) son casi ocho millones de euros.
Además, el informe registra un «incremento constante» de estas ayudas sin justificar. Si bien la cifra total se obtiene de los registros desde 1981, la Audiencia señala que en solo cuatro años -entre 2019 y 2022- la cifra en los distintos departamentos del Gobierno creció en casi 100 millones, en concreto, 98,5 millones.
Así, el montante de subvenciones que no habían sido justificadas en 2019 ascendieron a 187,5 millones, y sólo un año después alcanzaron los 227,8 millones. En 2021, ya sumaban 279,7 millones para llegar en el ejercicio de 2022 a 286 millones.
El informe señala que, si bien la norma que regula las subvenciones impone a los beneficiarios la obligación de justificar el cumplimiento de las condiciones impuestas -como destinar los fondos percibidos a la realización de la actividad para la que se concedió - y al órgano que las concede a comprobar la justificación en el plazo máximo de dos meses, del informe de la Intervención General «no se deduce» si las subvenciones no se justificaron porque el beneficiario no cumple con sus obligaciones de justificarlas o «por la inactividad de los órganos de gestión de las mismas».
El órgano auditor considera «imprescindible» la vigilancia del destino de los fondos por parte de la entidad que los concede «en aras de evitar quebrantos a la hacienda pública canaria» y que se garantice la labor de seguimiento de las justificaciones «en tiempo y forma».
Para ello, entiende que el Gobierno de Canarias debería establecer «con carácter imperativo», la obligación de que los órganos gestores de estas ayudas aprobaran, en un plazo no superior a tres meses, planes de comprobación en los que se aborde la verificación de las subvenciones.
Agrega la Audiencia de Cuentas que en este proceso, se deben seleccionar de manera «prioritaria las subvenciones que mayor riesgo de prescripción soportan».
Con el objetivo de hacer frente a esta crecimiento falta de justificación de las ayudas públicas, el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) contrató en 2022 a una empresa auditora para que se encargara de localizar, analizar, comprobar, ordenar y hacer una propuesta de actuación para una selección de 421 expedientes de subvenciones pendientes de justificar con plazo vencido, que sumaban un total de 31 millones en total.
El informe resultante de la citada empresa, según los datos publicados por la Audiencia de Cuentas, puso de manifiesto que no tuvo acceso a 224 expedientes. Además, para los 197 restantes se clasificó una deuda de tres millones de euros para 108 expedientes.
Asimismo, recoge que la Intervención General de la comunidad autónoma emitió en marzo de 2022 un informe instando al Instituto de la Vivienda a elaborar un plan anual de actuación para comprobar «la efectiva realización de las actividades subvencionadas».
Para ello, en el verano de ese mismo año se presentó un Plan de Acción para el cierre de los expedientes con las medidas que se debían llevar a cabo, así como un proyecto preventivo, el personal necesario y un calendario con las tareas que se tenían que poner en marcha.
Sin embargo, constata la Audiencia de Cuentas, este programa no se ha podido ejecutar, entre otros motivos, por la falta de personal, entre ellos, de un técnico coordinador del plan y de un tesorero.
El Instituto de la Vivienda de Canarias es el organismo autónomo que tiene una mayor cuantía de expedientes sin justificar, tal como señalan de manera reiterada en sus sucesivos análisis tanto la Audiencia como la Intervención General, según se pone de manifiesto en el informe de fiscalización del ejercicio de 2022.
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