La Cámara insta a fortalecer la gestión en Dependencia sin cuestionar cambios organizativos

El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad una moción en la que se insta al refuerzo de la gestión de la Dependencia en las islas pero sin cuestionar, como pretendía el grupo Socialista, promotor de la iniciativa, los cambios organizativos introducidos por el actual ejecutivo.

Si bien el PSOE ha aceptado la enmienda transaccional que los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias, CC, PP, ASG y AHI, han presentado, difiere en el segundo punto de la moción.

La diputada socialista Elena Máñez no ha accedido a retirar ese punto, motivo por el cual se ha votado por separado, por la necesidad de «reconocer» a los trabajadores y trabajadoras que han denunciado «el caos y el riesgo de colapso» de las nuevas medidas organizativas.

Ha esgrimido que «cuando algo empieza a mejorar» tras años en que Canarias ha venido ocupando los puestos de cola en las estadísticas nacionales de la dependencia, «es momento de mantener las mejoras»; sin embargo, esas nuevas medidas han provocado un retroceso en las tramitaciones de programas individuales de atención (PIA) y de prestaciones.

La diputada de Vox Marta Gómez ha criticado que el PSOE y Nueva Canarias sean «tan rápidos para sacarle los colores» al Gobierno regional con la gestión de la dependencia cuando en la pasada legislatura formaban parte del ejecutivo, que «quizá no tuvo tiempo» para desarrollar «estas grandes medidas» porque «estaba enredado en otras cosas».

Ha abundado en que Pedro Sánchez anduvo «liado en cómo blanquear a los herederos de ETA y a -Carles- Puigdemont» y el expresidente canario y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, estuvo «presuntamente implicado en el caso Koldo o el del Tito Berni».

Elena Máñez (PSOE) ha lamentado que en el debate de un asunto como la dependencia se aproveche «para lanzar falsas acusaciones» hacia Torres, de quien ha destacado que «no está implicado en ningún caso -de corrupción- ni lo va a estar«, y ha instado a la diputada de Vox que demuestre »dónde está esa implicación«.

Marta Gómez se ha ratificado en sus palabras justificándose en que dijo «presuntamente» implicado, y ha pedido dejar «que los jueces decidan lo que ha pasado y pasará».

El texto consensuado y apoyado por unanimidad por todos los grupos insta al Gobierno de Canarias, en el caso de recibir fondos extraordinarios, a destinar estos recursos a dar cumplimiento, entre otras, a la Ley de Servicios Sociales y a reforzar las medidas que permitan ampliar y mejorar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

También pide el desarrollo de planes de refuerzo de personal necesarios para agilizar la gestión hasta tanto no haya una nueva relación de puestos de trabajo negociada con los sindicatos.

Adicionalmente, pide que se tenga en cuenta en el decreto de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para autonomía y atención a la dependencia las propuestas elevadas por los dos colegios oficiales profesionales de trabajo social, de enfermería, fisioterapeutas, sindicatos y entidades como Acufade.

Por último, solicita el refuerzo e incremento de medidas, en colaboración con la FECAM, para un mejor y mayor desarrollo del servicio de ayuda a domicilio, que llegue a todos los ayuntamientos de Canarias, así como, a avanzar en el servicio de teleasistencia avanzada y en el de asistencia personal.

La diputada del Grupo Popular Rosa Viera ha valorado el carácter «propositivo y constructivo» de la moción socialista, pese a que en la exposición de motivos adolece de un sesgo en la selección de los datos.

Ha hecho hincapié en que no alude a algunos contenidos en el informe del Imserso a cierre de 2023, como que Canarias fue la comunidad con mejor evaluación positiva en cuanto a prestaciones (18,9%), o al aumento de las resoluciones en más de un 11%, y de las resoluciones de PIA en un 17,3%.

Y ha valorado el hecho de que desde que tomó posesión, el nuevo Gobierno de Canarias «se puso a buscar soluciones y a gestionar el área», retomando las revisiones de grado, que estaban «en un cajón porque no afectaban a las estadísticas», o la grabación de más de 5.000 solicitudes que no se hicieron en la pasada legislatura «para maquillar los resultados, porque afectaban a las listas de espera».

Viera ha apuntado también que los cambios organizativos en la Dirección General de la Dependencia, «aunque sean para mejor conllevan un tiempo» para comprobar su eficacia, y ha añadido: «todo llegará».

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