Un año esperando que el PP defina una postura sobre los menores migrantes

B. Hernández

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 30 de noviembre 2024, 23:12

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La última condición del Partido Popular (PP) para cerrar un acuerdo en torno a la modificación de la ley de extranjería es que el Gobierno central firme un documento titulado Plan de acción contra el descontrol migratorio.

A priori, no parece probable que el PSOE asuma este documento, aunque ve como un avance que los populares hayan decidido acudir a la reunión convocada el ministro Ángel Víctor Torres tras la espantada de septiembre.

Desde que Canarias puso encima de la mesa la necesidad de modificar la norma como respuesta a la crisis migratoria, el PP han ido encadenando un argumento tras otro para dilatar la «única salida» que se contempla desde el archipiélago, no solo desde el Ejecutivo, sino desde el Parlamento a través del Pacto Canario por la Migración.

Aún así, el presidente autonómico, Fernando Clavijo, siempre ha respaldado la posición de su socio y ha puesto el foco en el PSOE como responsable de una propuesta que satisfaga a todas las partes.

En este tiempo, el líder del PP regional y vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez, ha intentado mediar entre la urgencia del archipiélago por modificar la ley y la confrontación que tienen su partido y el PSOE a nivel nacional.

Él mismo «garantizó» que los diputados populares en el Congreso respaldarían el acuerdo que cerraran los gobiernos de España y Canarias y la pasada semana volvió a «fajarse» en Madrid para intentar convencer a Génova de que sería «oportuno» volver a la mesa de negociación.

Lo que aún no está claro es si se sentarán con voluntad de acuerdo, sobre todo después de las palabras del portavoz popular, Miguel Tellado, en las que señaló que Torres solo pretende una foto con el PP y que si quiere acuerdo, debe firmar el citado documento que ya fue sellado por Alberto Núñez Feijóo y Clavijo.

En este último año, el PP ha ido modificando sus condiciones para aceptar cambios en la ley de extranjería a medida que se aceptaban las anteriores. Ya en la firma del Pacto Canario por la Migración -octubre de 2023-, manifestó su intención de negociar, pero antepuso la convocatoria de la Conferencia de Presidentes -que se celebra el 13 de diciembre- y un compromiso financiero para que las comunidades pudieran hacerse cargo de la acogida, asunto en el que Hacienda se ha mostrado abierta, y la declaración de emergencia en todo el Estado.

Posteriormente reclamaron la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia, que se celebró en Tenerife en julio, y en la que no se posicionaron porque el texto sobre el cambio de la ley les había llegado pocos días antes.

El Gobierno de España, tal como reclamaba Canarias, se abrió a modificar la norma por decreto ley siempre que el PP se comprometiera a apoyarlo, pero los conservadores querían negociarlo de antemano.

Finalmente, la iniciativa llegó al Congreso como proposición de ley de los grupos de PSOE y CC y los populares -junto a Junts y Vox- rechazaron la admisión a trámite de un texto pactado entre los dos Gobiernos y que incluía criterios de distribución aprobados en una conferencia sectorial de 2022.

Ante este nuevo varapalo, Canarias intentó nuevamente la negociación, esta vez directamente con Pedro Sánchez en una reunión en La Palma. Y tras una reunión secreta entre Clavijo, Torres y Tellado, la posibilidad de un acercamiento se volvió a caer después que este último cancelara una reunión porque no se había pedido ayuda a Europa.

Exigía ver la carta de Torres a Ursula Von der Leyen. Una vez hecha pública, echa en falta medidas concretas. Canarias sigue en el punto de salida.

Que todas las regiones sean corresponsables de la acogida de menores migrantes que viajan solos no es una propuesta nueva en la comunidad autónoma.

A pesar de que el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, se mantiene inasequible al desaliento y reitera con frecuencia que «Canarias no se rinde» y que las diferencias entre los partidos estatales «son poquitas», lo cierto es que ese acercamiento no termina de llegar y la comunidad autónoma sigue enfrentando en solitario la acogida de menores que llegan a las costas europeas.

En la pasada legislatura, la consejera de Derechos Sociales durante el Pacto de las Flores, Noemí Santana (Podemos) reclamó, por activa y por pasiva, un cambio normativo ante el fracaso de la solidaridad del resto del territorio nacional.

Ya consideraba en 2022 que los recursos del archipiélago no podían acoger a los 2.800 chicos que habían llegado en pateras y cayucos.

Hoy la cifra ronda los 6.000 menores y la reivindicación sigue siendo la misma. Lo que ha cambiado es el empeño que se ha puesto desde el Gobierno de Canarias en encontrar una salida a esta situación.

Fue la comunidad autónoma la que planteó inicialmente la modificación de tres leyes, además del Código Civil para que la distribución de menores migrantes no acompañados deje de ser un criterio sujeto a la voluntad de las comunidades autónomas y sea una responsabilidad obligatoria para todas.

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Una vez alcanzado un acuerdo con el Estado en la comisión bilateral, su apuesta ha sido la fórmula del decreto ley como vía más ágil para el cumplimiento de la derivación, aunque finalmente acordó -CC y PSOE- presentar una proposición de ley en el Congreso, que fue rechazada por el PP.